El exintegrante de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, califica de “escándalo” el juicio y afirma que si los integrantes del Tribunal no sacan testimonio y mandan investigar la coacción denunciada por 27 imputados, incurrirían en “encubrimiento o complicidad·“.
“Los tres jueces de la causa Cuadernos deben extraer testimonio y mandar a investigar el delito de coacción. Son 27 personas que dicen ‘yo tuve que mentir porque si no voy preso’. Si los tres jueces no lo hacen estarían incurriendo en encubrimiento, complicidad o, como mínimo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y se abre la posibilidad de destituirlos”. La frase pertenece a Raúl Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la Corte Suprema de Justicia. “Acá hay un delito contra la libertad, la coacción, cometido por un fiscal (Carlos Stornelli) y un juez (Claudio Bonadío) y luego prevaricato, porque permitieron que alguien se declare autor de un delito en base a la coacción”. Zaffaroni opinó también que Cristina Fernández de Kirchner debe ser indultada, pero para convalidar constitucionalmente ese indulto será imperioso enviar al Congreso una ley de amnistía, no sólo por su caso. El exmagistrado opinó que es clave para cambiar el Poder Judicial –sostuvo que “la Argentina no tiene Poder Judicial”- establecer una Corte Suprema de 24 miembros, uno por cada provincia y uno por CABA.
Zaffaroni hizo un extenso análisis del juicio denominado Cuadernos, conducido por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. En las audiencias de esta semana declaran dos colaboradores de La Nación y, principalmente, el jueves, el expolicía Jorge Bacigaluppo, uno de los protagonistas del caso. Bacigaluppo, amigo de Centeno, fue el depositario de los cuadernos y el que se los dio de entrada al periodista Diego Cabot. Una pericia demostró que su letra aparece en los cambios de nombres y direcciones que aparecen en los cuadernos, textos sobrescritos en centenares de oportunidades. En una causa paralela, iniciada por los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra, fue procesado por falsificación, pero -como siempre- se le dictó la falta de mérito con el argumento de que la cuestión debía resolverse en el juicio oral. Aquella pericia dejó planteada la fuerte sospecha de que buena parte de los textos fueron dictados, conclusión a la que llegaron los peritos por el estilo de escritura y los términos no habituales ni en Centeno ni en Bacigaluppo. Cabot le dio fotocopias de los cuadernos a Stornelli y éste urdió el ilegal origen de la causa eludiendo el sorteo que correspondía.
“Estamos ante jueces (los del tribunal oral) que toman conocimiento de un delito -precisó Zaffaroni en entrevista con el programa Rayos X de Radio 10-. Son 27 personas que denuncian la coacción y varios de ellos explicaron que fueron a un escribano para dejar asentado que iban a mentir. Es un escándalo. Antes eso (la coacción) la hacían en las comisarías. Se me quedan varios tipos penales dando vueltas. De entrada, me parece que debería intervenir la Corte o la Cámara de Casación. Pero también el propio tribunal: la obligación de los funcionarios públicos que toman conocimiento de un delito es denunciarlo. Tienen delante un indicio alto, una prueba, de un delito. Corresponde sacar testimonio y, bueno, investíguenlo. No queda otra. Estamos ante una selectividad primitiva de la justicia llevada contra líderes políticos. El lawfare”.
“Con esta metodología -agregó el exjuez de la Corte- condenaron a Cristina. ¿Qué solución tiene? De fondo, una ley de amnistía. No sólo para ella. Hay una serie de condenados en condiciones de lawfare, o sea de uso de la justicia para la persecución política. Una ley de amnistía es perfectamente constitucional. Se puede empezar con un indulto, que tiene sus dudas. Pero de inmediato hay que mandar una ley al Congreso. Esa fue la solución con Perón y también Isabel. Hay que pasar por el Congreso sí o sí. Esa es la solución definitiva”.
“Por supuesto que quienes están protagonizando este escándalo no son más que 30 o 40 jueces y fiscales -precisó Zaffaroni-. Todos, en posiciones claves, fundamentalmente en la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, algo en Contencioso Administrativo y la Corte Suprema. En el resto, que son miles, hay gente que se puede decir que son más o menos conservadores, más o menos liberales, pero son personas normales. Y su nivel intelectual, no es malo, muchas veces. Lo que hace que no tengamos Poder Judicial es la cuestión estructural. No hay ningún poder judicial del mundo como el nuestro. Y, además, con una Corte que son tres tipos que se pelean entre ellos y ahora aparece hasta un intento de suicidio en el que se describen esas peleas. En ese marco, aparece un tribunal que convalida la reforma laboral, que es claramente inconstitucional, y uno se pregunta qué clase de poder judicial tenemos. La respuesta es que no tenemos poder judicial. Desde ya que se necesita una Corte Suprema amplia, yo creo que de 24 integrantes, uno por cada provincia. Bien federal”.
“Ojo, yo asumo las responsabilidades que le caben a la academia -concluyó el jurista-. No tenemos control de una justicia. Se presentan 27 personas y declararan en el juicio Cuadernos que los apretaron. ¡Y nadie hace nada! Estarían incurriendo en encubrimiento, complicidad. Un funcionario tiene el deber, cuando tiene noticia de un delito, de sacar testimonio y mandarlo a investigar a quien corresponda. Si no lo hacen serían cómplices, no sé, serían encubridores, o por lo menos incurren en incumplimiento de las funciones, lo que abre la posibilidad de un juicio político para removerlos”.
Página/12