La mira está sobre tres empresas que habrían contratado a la consultora +BE, y a su vez tendrían vinculaciones con distintos organismo o empresas del Estado. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli buscan determinar si Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, fue favorecida de manera irregular por el Gobierno libertario con contratos.
En el marco de esa causa, se solicitó a las empresas denunciadas que entreguen al juzgado toda la facturación realizada con la consultora +BE propiedad de la esposa del jefe de Gabinete. La investigación tramita en paralelo al expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
El magistrado consideró que con la actual situación de la causa, era necesario avanzar con una medida clave: conocer en detalle toda la facturación de al menos tres empresas, que tendrían vínculo comercial con Bettina Angeletti.
El objeto procesal de esta causa, donde no hay imputaciones formalizadas aún, se concentra en los contratos que obtuvo la consultora de la esposa del Jefe de Gabinete, para determinar si se concretaron de forma irregular, o como resultado de algún direccionamiento.
Lijo que tiene tres causas relacionadas con Adorni: la que investiga el presunto enriquecimiento ilícito, la que se concentra en el viaje a Punta del Este y su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, y el expediente respecto a los contratos de Bettina Angeletti con el Estado.
La denuncia que inició la causa fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y se busca determinar en este pesquisa la presunta existencia de direccionamiento en licitaciones de mensajería.
En el escrito judicial se hace referencia a un presunto esquema de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos, ya que la consultora +Be es una empresa de Bettina Angeletti y “tiene como clientes a importantes contratistas del Estado”.
Entre sus clientes más relevantes figuran el Grupo Foggia (vinculado a la concesión de Tecnópolis) y el Grupo Datco (proveedor de AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otros).
También sería relevante el vínculo con YPF. La denuncia indica que National Shipping, una naviera contratista de YPF por sumas millonarias, “también es cliente de la consultora de la esposa de Adorni. Esto es relevante porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026”, dice el texto judicializado.
En un primer pedido de documentación, el magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los datos para identificar a los verdaderos beneficiarios de las contrataciones cuestionadas, que remita los legajos de las empresas Datco, National Shipping y Foggia Group, y que se informe si son contratistas del Estado Nacional. Si así fuera, que se acompañen todas las constancias vinculadas a los procesos en los que resultaron adjudicatarias.
La fiscalía considera que es importante reconstruir la ruta de los proveedores. Por ese motivo se solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que a través de la Oficina Nacional de Contrataciones informe si las firmas de gran escala como Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado Nacional.
Por ese motivo, se exigió que se adjunten todas las constancias de los procesos en los que estas empresas resultaron adjudicatarias, para determinar si las licitaciones cumplieron con los estándares de transparencia o si se trataron de “ventanillas” de negocios diseñadas para el beneficio de proveedores específicos.
La investigación no está delegada en el Ministerio Público, por ese motivo las medidas pedidas por Stornelli sólo se materializarán si las ordena el juez Lijo, quien también investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito aunque esa causa sí se encuentra delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
En consecuencia, la denuncia se dirige inicialmente contra: Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Bettina Angeletti (titular de la consultora +Be) como así también contra directivos de las empresas involucradas (Rubén Santiago Ward, Pablo Javier Casal, Rodrigo Páez Canosa, Marcelo Dionisio) y la asesora Mara Natalia Gorini.
Las sospechas penales incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Clarín