El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que muestra que el presupuesto universitario cayó más del 40% en términos reales desde 2023 y que la mayoría de los cargos docentes se ubican hoy por debajo de la línea de pobreza. Este martes habrá marchas en todo el país por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.
La batalla entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por el financiamiento de las universidades públicas argentinas tiene ya casi un año de duración, pero sus consecuencias sobre los trabajadores universitarios se miden en décadas. Un informe publicado este lunes por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuantificó ese deterioro y comparó las dos opciones en pugna: la ley que el Parlamento aprobó y el Gobierno se niega a aplicar, y el proyecto alternativo que el Ejecutivo envió al Congreso en febrero para reemplazarla.
Los números del CEPA son contundentes. Entre 2023 y lo proyectado para 2026, el presupuesto de las universidades nacionales habrá caído un 41,6% en términos reales. Los salarios docentes y no docentes acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 34,2% desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026. Y la situación más crítica la protagonizan los docentes con dedicación simple: sus salarios básicos no alcanzan ni siquiera la línea de indigencia.
La historia legislativa de la disputa es conocida pero vale repasarla para entender el contexto. El Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria el 21 de agosto de 2025. El Poder Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre. Ambas cámaras insistieron en su aprobación el 2 de octubre, con lo que la norma quedó definitivamente sancionada. Sin embargo, el 21 de octubre el Gobierno publicó el Decreto 759/2025 suspendiendo su aplicación, argumentando que la ley no especificaba de dónde saldrían los fondos para financiarla. El CEPA señala que ese argumento es contradictorio con el propio texto legal, que habilitaba expresamente al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. Hace 195 días que la norma está sancionada y aún no rige. El 23 de diciembre de 2025, la Justicia federal declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado cumplir la ley. Para evitarlo, el 18 de febrero de 2026 el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificarla.
El informe del CEPA compara ambas alternativas en detalle y las diferencias son sustanciales.
En materia presupuestaria, la ley sancionada hubiera implicado un crecimiento real del 33,8% frente al presupuesto de 2025 y habría dejado el financiamiento universitario apenas 1,9% por encima del nivel de 2023, recuperando casi todo el terreno perdido. El proyecto del Gobierno, en cambio, elevaría el presupuesto vigente un 13,1%, pero eso seguiría representando una caída real del 2,1% respecto de 2025 y del 33,9% frente a 2023. En otras palabras, el presupuesto universitario bajo el esquema oficial quedaría un 35,1% por debajo de lo que hubiera correspondido con la ley aprobada por el Congreso.
En cuanto a los salarios, el escenario es igualmente desalentador. La ley sancionada establecía una recomposición del 44% para recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, lo que habría dejado los salarios apenas 1,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. El proyecto del Gobierno, en cambio, propone tres aumentos trimestrales del 4,1% sobre el salario básico de diciembre de 2025, que en total suman 12,3% en el año. El problema, señala el CEPA, es doble: ese incremento ignora deliberadamente la pérdida acumulada durante 2024, que fue la más severa, y ya fue superado por la inflación de los primeros cinco meses de 2026, proyectada en 14,7%. Para septiembre, la inflación acumulada llegaría al 23,6%, once puntos por encima de la recomposición oficial. El resultado sería una nueva caída real del salario de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia el cierre del año.
El informe ilustra la magnitud del retroceso histórico con un ejemplo concreto: un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad cobraba el equivalente a 1.187.482 pesos de septiembre de 2026 en noviembre de 2015. En abril de 2026 ese mismo cargo percibe 584.413 pesos de igual valor, una pérdida real del 50,8% en una década. Con la ley insistida, esa brecha se hubiera reducido al 25,2%. Con el proyecto oficial, el salario proyectado para septiembre de 2026 sería de 547.748 pesos, profundizando la caída hasta el 53,9% respecto de 2015.
La situación salarial actual ubica a la mayoría de los trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza. Según el CEPA, en marzo de 2026 la Canasta Básica Total para un hogar tipo alcanzó los 1.434.464 pesos. Entre los docentes, solo los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto apenas 121.370 pesos por encima. El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva y todos los de dedicación semi-exclusiva y simple no llegan a cubrir la canasta. Peor aún: tomando la Canasta Básica Alimentaria —que define la línea de indigencia— en 658.011 pesos, solo los titulares y asociados semi-exclusivos la superan. Todos los docentes con dedicación simple ganan menos que el umbral de indigencia.