José Fernández Codazzi, o como se hace llamar en las redes sociales, “El abogado del diablo”, permanece detenido en la Comisaría 2ª de la ciudad de Esquina luego de empujar al niño Nahuá a un laberinto que pudo ser fatal por la aventura escapista de su padre, el brasileño Josías Santos Regis.
Al letrado – según publica el sitio del diario El Litoral de Corrientes – , trámites sin resolver y fondos que no fueron rendidos al Estado nacional, lo acorralan en otro proceso judicial. El abogado, el lunes a la noche, fue detenido tras la evidencia de las cámaras de seguridad.
No pasará mucho tiempo hasta que este asunto que cortó la respiración de la provincia de Corrientes durante 48 horas, vaya a un nivel inferior entre sus prioridades porque deberá atender otro proceso judicial, mucho más avanzado y que podría valerle su primera condena.
El abogado de 43 años de edad, que en 2024 subió a un vehículo a Laudelina Peña para llevarla ante un fiscal de la capital correntina a mentir – según ella misma confesó – sobre el destino final de Loan, está a la espera de una definición del Tribunal Oral Federal de Corrientes para que le ponga fecha a un juicio en el que está requerido por peculado.
Una forma agravada de la malversación
Ese delito, una forma agravada de la malversación de fondos, es el que el Estado Nacional pretende que sea aplicado como sello sobre el legajo de Codazzi, para definir su paso como interventor de un Registro de la Propiedad Automotor en Esquina.
Mediante un conveniente vínculo con un dirigente político -ya extinto- el abogado logró que el Estado Nacional lo emplee como interventor de ese Registro en el año 2012.
En el transcurso de los años siguientes concursó para obtener la titularidad del puesto, lo que le hubiera permitido cosechar desde esa ventanilla de la Administración Pública nacional los frutos de tramitar transferencias e inscripciones de vehículos, incluso motocicletas.
Aún con los exámenes aprobados pero sin designación como titular, una auditoría en el año 2018 lo dejó afuera de ese ámbito. Detectaron severas inconsistencias en la rendición de lo recaudado por la venta de formularios denominados 13D, un trámite que registra las infracciones de los automotores.
Se verificó que un total de 425 formularios se cobraron pero su recaudación no llegó a los canales administrativos oficiales. Es decir, el dinero ingresó por la ventanilla que regenteaba Codazzi, pero a la Nación no entró un peso.
Eso alteró además la percepción legal de impuestos de sellos, entre otros tributos.
Por ese motivo, en principio el letrado fue llevado ante los estrados federales de Goya por presuntos abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Y cuando el asunto estaba a punto de pasar al archivo por prescripción debido al paso del tiempo, el caso dio un giro.
El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, junto a la jueza Cristina Pozzer Penzo, le aplicaron también una imputación por peculado, con lo cual las instancia superiores, como la Cámara Federal de Corrientes en agosto de 2025, avalaron que el ciclo del expediente alcance el nivel de juicio.
Y así se hará. El tema fue elevado a debate en los últimos meses y se aguarda ahora que el Tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco determine una fecha para el inicio. Según se pudo saber de fuentes allegadas al caso, ya hay testigos propuestos.
Antecedentes sin respiro
José Alejandro Fernández Codazzi tiene sobre sus espaldas un prestigio contorneado por salir en defensa de villanos modernos. Si bien su cara y su nombre adquirieron notoriedad en escala nacional por su participación en el caso Loan, su trajín en ese ripio venía de otros trotes.
Fue, por ejemplo, el defensor de Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, esa organización responsable de una mega estafa piramidal que defraudó a inversores por más de 120 millones de dólares. Fue condenado en febrero de 2025 a 12 años de prisión en Corrientes por asociación ilícita y estafas reiteradas.
A Laudelina la conoció por intermedio de su compoblano Diego Pellegrini, el senador que maniobró la estrategia para que la causa por la desaparición de Loan pase a la esfera provincial de la Justicia, mediante la hipótesis de que se trató de un siniestro fatal con una camioneta conducida por Carlos Pérez. La tía del niño dijo, incluso, que en esa operación el letrado le había puesto 50.000 pesos en el bolsillo de la campera.
Y entre otros trabajos, en 2024 también conoció al homicida en grado de tentativa Josuá Santos Regis, el brasileño que en Esquina el domingo le pegó por lo menos tres balazos al amigo de su expareja y huyó.
Su primer contacto fue por razones de peligrosa violencia. Al extranjero se lo acusó de haber saldado una discusión con su exsuegro, Juan Riquelme, según presumen las autoridades, incendiando un utilitario que permanecía estacionado sobre la calle Sarmiento casi Vidal de la ciudad ribereña.
Josuá Santos fue detenido y para defenderse anotó el patrocinio de Fernández Codazzi, quien logró su liberación. Pero el vínculo se profundizó, pues además de ser su abogado de confianza, le alquilaba un departamento ubicado a pocos metros de su propia casa.
Allí fue donde se vio por cámaras de seguridad que el brasileño llegó de la mano de su hijo de seis años y recibió ayuda clave para escapar de las autoridades hasta la Ruta Nacional 12 desde donde deambuló hasta su caída definitiva este martes a las 10,30 en paraje Duraznillo.
El Litoral