El Partido Justicialista del Chaco difundió un fuerte comunicado en respuesta a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco que embistió contra el diputado Santiago Pérez Pons por denunciar una supuesta connivencia entre un juez de Garantías de Sáenz Peña con el intendente Bruno Cipolini en la causa de la Bolsa de Comercio.
Frente al insólito comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios contra el legislador provincial Santiago Pérez Pons, tras el vergonzoso fallo del juez Luis Alberto Kubicek —en beneficio del mismo grupo político enquistado en el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña— que impidió la selección de dos fiscales por parte del Consejo de la Magistratura, el Partido Justicialista del Chaco sostiene, sin reservas, la independencia del Poder Judicial como pilar fundamental de la democracia.
La independencia de jueces y fiscales no es un privilegio corporativo: es una garantía para toda la ciudadanía. Precisamente por eso, cuando ese principio se invoca para obstruir el escrutinio público sobre la actuación de quienes ejercen el poder jurisdiccional, deja de ser una garantía democrática y se convierte en su contrario.
La independencia judicial no puede existir sin imparcialidad. Un juez independiente que no es imparcial no protege a la ciudadanía: la desprotege.
Cuando existen elementos públicos y verificables que generan dudas razonables sobre la imparcialidad de un magistrado en una causa de trascendencia, el silencio no fortalece a la justicia: la debilita. La verdadera defensa de las instituciones no consiste en blindar personas, sino en garantizar procesos transparentes y libres de cualquier condicionamiento.
La independencia judicial no puede ser utilizada como escudo para impedir que la sociedad conozca, analice y cuestione vínculos personales, sociales o políticos que puedan comprometer la confianza pública en una decisión judicial. La crítica legítima a una actuación judicial no es un ataque al Poder Judicial: es el ejercicio del control ciudadano que todo Estado democrático requiere. Confundir ambas cosas no defiende la institucionalidad; la erosiona.
Lo que no puede tolerarse en una democracia es la defensa corporativa y selectiva de magistrados cuando lo que está en juego es precisamente la imparcialidad de su actuación. La ciudadanía necesita jueces imparciales, transparentes y ajenos a cualquier vínculo que pueda condicionar sus decisiones.
Por eso, el Poder Judicial debe garantizar mecanismos efectivos de control de la imparcialidad, actuar con transparencia ante señalamientos fundados sobre posibles conflictos de interés y no utilizar los canales institucionales para encubrir situaciones que comprometen la confianza pública en la justicia.
Por su parte, la Asociación de Magistrados debiera ejercer una defensa de la independencia judicial coherente, integral y no selectiva. Defender la independencia de la magistratura es una tarea noble e indispensable; pero esa defensa pierde legitimidad cuando se convierte en protección corporativa frente a cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus propios integrantes.
La Asociación debe ser guardiana de principios, no de personas.
La imparcialidad no es una opción: es una obligación constitucional. Eso no debilita al Poder Judicial, lo fortalece.
No se puede utilizar al Poder Judicial, provincial ni nacional, como parte de una estrategia de extorsión política, ni como un mecanismo de espionaje ilegal, ni tampoco como una “vía legal” de contraespionaje derivada de investigaciones típicas de servicios de inteligencia, para desgastar opositores.
Ahora ya no hablan de Venezuela ni de otros países, pero estas operaciones típicas de esta derecha vendepatria solo pueden ser avaladas por el silencio cómplice de una justicia amordazada y de medios controlados.
Es peligroso para las instituciones democráticas y republicanas admitir esto como normal. No es normal inventar delitos, acusar sin pruebas, operar mediáticamente y, al mismo tiempo, desestimar denuncias y querellas que, siendo fundadas, pretenden arreglarse poniendo plata.
¡El fraude es fraude! ¡La estafa es estafa! ¡El delito es delito! No se arregla violando la ley.
El comunicado lleva las firmas de los vicepresidentes Inés Ortega e Isaías Alegre y del secretario general Juan Manuel Pedrini.