El recorte no es casual ni se trata de un tema meramente económico. El rol de los docentes, los investigadores y de las Universidades como comunidades de producción y trasmisión de conocimientos es central para estimular el pensamiento reflexivo, crítico y comprometido.
Por Carlos Andujar*
El 31 de marzo pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de primera instancia que obliga al gobierno a aplicar y cumplir de forma inmediata los arts. 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Sin embargo, más allá de su legalidad y legitimidad democrática (sancionada, vetada y ratificada por mayoría especial en ambas Cámaras), el Gobierno Nacional recurrió a la Corte Suprema aún con el conocimiento de que es muy improbable que falle en contrario.
¿Cuál es el encono del presidente con el Sistema Universitario Nacional? ¿Es personal, dogmático, programático o los tres juntos? Uno podría pensar, sin temor a equivocarse, que el auto denominado “topo del Estado” encuentra en todo “lo público” el eje del mal, germen de toda corrupción e ineficiencia y desde allí, su afán mercantilizador intenta barrer, como todo proyecto neoliberal, con las instituciones públicas que garantizan derechos y construyen soberanía.
En tal sentido, la Universidad Pública solo sería parte del botín que el mundillo globalizado de oferta privada de servicios educativos (incluida la avanzada de las ONG y fundaciones educativas profundizada bajo la gestión del gobierno de Macri) espera para conquistar y repartirse.
En un excelente informe del Observatorio de las Elites de CITRA UMET-CONICET, Ana Castellani describe que el ámbito educativo constituye un área primordial de interés para las elites económicas por tres motivos.
La necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en función de las demandas del mercado laboral, lo que incluye no solo capacidades y competencias en función de los requerimientos empresariales sino también disposiciones subjetivas a aceptar la incertidumbre, la flexibilidad y la precariedad de las condiciones del mismo como naturales.
En segundo lugar, la posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos con inversión privada. Esto no solo para el nivel superior sino, incluso, en la educación obligatoria.
Por último, la pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social y que, vividas como “naturales” le permitan a las elites económicas legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que habiliten y/o amplíen los procesos de mercantilización educativa en particular y de la sociedad (incluidos los vínculos interpersonales, las aspiraciones y el mundo íntimo de las personas), en general.
El recorte de fondos al sistema universitario público, además de ser realizado en el marco de discursos de odio y mentiras intencionadas, es inédito para la historia de un país que tiene en las universidades nacionales un pilar de los procesos de desarrollo productivo, científico y tecnológico y amplio reconocimiento nacional e internacional.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a las Universidades Públicas de todo el país, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. En lo que respecta a los salarios universitarios, el deterioro del poder adquisitivo es, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, del 32%.
Según la CIN, asistimos en la actualidad a los salarios universitarios más bajos de los últimos 23 años. Por su parte, las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades se encuentran en torno al 40% de los valores de enero de 2023, es decir, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.
Bajo la excusa del equilibrio fiscal y la bandera mediática de “no hay plata”, el gobierno implementa una distribución regresiva del ingreso, bajando impuestos y gastos progresivos, como los fondos a las Universidades.
Por ejemplo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la reducción del Impuesto a los Bienes Personales implicaría dejar de recaudar entre 0,29% a 0,61% del PIB mientras que la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario tiene un costo de 0,23% del PIB.
En un texto que analizaba las consecuencias de las políticas neoliberales del 2001, María Teresa Sirvent decía que a la pobreza económica se sumaban la pobreza de protección – por el corrimiento del Estado como garante de derechos en favor del mercado -, la pobreza de participación –a raíz del fomento al individualismo, la fragmentación y la desesperanza– y la pobreza de comprensión –las dificultades para construir conocimiento científico sobre la realidad social–.
El rol de las y los docentes, las y los investigadores, de las Universidades como comunidades de producción y trasmisión de conocimientos es central para estimular el pensamiento reflexivo, crítico y comprometido. El mundo del pensamiento, dice Sirvent, es lo más preciado que nos distingue como seres humanos, nuestra capacidad de interrogar, cuestionar e interpelar la realidad, de desnaturalizar, de teorizar e interpretar los fenómenos de la vida cotidiana: es decir, en definitiva, nuestra capacidad de hacer cultura y contracultura.
El recorte presupuestario a las Universidades Nacionales no es casual ni se trata de un tema meramente económico, es el intento del gobierno nacional de dañar nuestra capacidad, como país y como sociedad, de soñar, pensar y hacer un mundo mejor y justo.
(*) Docente de la ISFD Nº41. UNLZ. CIIE
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