El gobierno de Javier Milei aprobó este martes el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área metropolitana, en el marco del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Así quedó plasmado en la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Caputo y constituye un paso clave en la privatización total de la empresa.
La norma valida el modelo de “Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y AySA”, que será suscripto por la cartera económica en representación del Estado. El esquema se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742, que declaró a la compañía “sujeta a privatización”, y por el Decreto 494/2025, que autorizó la venta del paquete accionario.
Según lo establecido, el proceso prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país.
El modelo aprobado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad. En ese sentido, el contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario.
Además, la empresa deberá cumplir con el “Plan de Acción de Transición 2024-2026”, aprobado previamente por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario que se extenderá entre 2027 y 2031.
Desde el Gobierno remarcaron en el texto que el proceso no debe afectar la continuidad del servicio y que se llevará adelante bajo principios de “transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia”.
Privatización de AySA
Aquí las claves del proceso de privatización de AySA:
- Un contrato para el futuro concesionario: La novedad central es la aprobación del contrato que regirá la futura operación privada del servicio de agua y saneamiento en el AMBA. No es la venta en sí misma, sino la arquitectura regulatoria que permite hacerla.
- Privatización con modelo mixto: El esquema combina ingreso de un operador privado con control accionario mayoritario y eventual colocación de parte del paquete en el mercado, una ingeniería pensada para atraer inversores y valorizar la compañía.
- Tarifas e inversiones, en el centro: Uno de los puntos más sensibles es que el nuevo esquema pone foco en compromisos de inversión, expansión de redes y sustentabilidad financiera del servicio, lo que inevitablemente reabre el debate sobre tarifas.
- Nuevo marco regulatorio: La privatización viene acompañada por cambios normativos previos que rediseñaron las reglas del sector, desde condiciones de prestación hasta mayores facultades para el concesionario. Ese rediseño fue leído como el andamiaje previo para el ingreso privado.
- La discusión política: agua como servicio o negocio: La privatización reabre una discusión histórica: si el agua debe administrarse bajo lógica de servicio público o bajo criterios de rentabilidad con regulación estatal.
Con el contrato aprobado, el próximo paso es profundizar el proceso licitatorio para buscar al operador estratégico. El mercado mirará dos variables: el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que impondrá la concesión.
Fuente: Minuto Uno