La ministra de Educación, Ana Miño, confirmó que hay cuatro responsables en Capital y dos en el interior. Si bien rigen los acuerdos de convivencia, advierten que habrá sanciones graves y no descartan adaptar las normativas ante “un escenario que sorprende”.
La ola de pintadas que afectó a diversos establecimientos educativos de la ciudad de Corrientes y el interior de la provincia, que se manifestó como un reto viral en todo el país la semana pasada, comenzó a arrojar sus primeras certezas, aunque también abrió un profundo debate sobre los límites de la disciplina escolar en la era de la pospandemia.
En una recorrida por las instituciones que se vieron involucradas, la ministra de Educación de la Provincia, Ana Miño, confirmó que ya son seis los alumnos identificados como autores materiales de las pintadas que dañaron el patrimonio público escolar y pusieron en alerta a padres, personal policial y la Justicia, estos últimos realizando un trabajo en conjunto minucioso.
El abordaje oficial busca equilibrar dos frentes: la contención pedagógica de los menores involucrados y la aplicación de sanciones que dejen un mensaje claro a la sociedad. “Esto no es una broma, esto tiene consecuencias”, sentenció la titular de la cartera educativa durante su visita al colegio nacional General San Martín.
Un mapa de responsabilidades
De los seis estudiantes señalados, cuatro pertenecen a instituciones de la capital provincial, mientras que los dos restantes corresponden a escuelas del interior. La identificación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre los directivos y el seguimiento de las actuaciones pertinentes, en un clima de tensión que ha movilizado a toda la comunidad educativa.
Respecto de las medidas punitivas, Miño fue tajante al afirmar que las sanciones “van a estar”, aunque reconoció que el sistema atraviesa una zona gris normativa. Actualmente, la figura de la expulsión directa fue desplazada por los Acuerdos Escolares de Convivencia, marcos regulatorios que priorizan el diálogo y la reinserción. Sin embargo, la ministra dejó la puerta abierta a cambios: “Hoy estamos en un escenario diferente, con situaciones que nos atraviesan y nos sorprenden. Tenemos que adaptar todas esas situaciones”.
El debate por el uso del celular
Uno de los puntos más destacados de la agenda ministerial es la revisión del uso de la tecnología en el aula. Tras una reunión virtual que convocó a 482 rectores de toda la provincia, surgió un consenso preliminar: limitar el uso del celular estrictamente a fines pedagógicos.
“Queremos que nadie sienta que esto es una imposición. Por eso abrimos un espacio para que todos puedan opinar: rectores, docentes, estudiantes y familias”, explicó Miño. Esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación sobre cómo las redes sociales y la comunicación instantánea pueden potenciar o coordinar actos de indisciplina o vandalismo.
El Ministerio de Educación, en sintonía con las advertencias lanzadas desde la cartera de Seguridad y el Poder Judicial, recordó que el daño al patrimonio público no solamente acarrea consecuencias para los alumnos, sino también responsabilidades civiles y penales para sus tutores legales.
“Hay comunicados permanentes a través de cuadernos, grupos de WhatsApp y redes. El mensaje es claro: las consecuencias son serias”, subrayó la ministra. La estrategia actual no contempla una medida generalizada para todas las escuelas, sino que respeta la autonomía de cada institución para decidir en función de su propia realidad, siempre bajo el paraguas de apoyo del Ministerio.
Un fenómeno global
Hacia el final de sus declaraciones, Miño intentó poner en contexto la situación, señalando que Corrientes no es un caso aislado. “Esta discusión se está dando a nivel nacional e inclusive en otros países. Es un debate que tenemos que empezar a dar sobre cuáles tienen que ser las sanciones que se van a aplicar”, concluyó.
Mientras las escuelas afectadas continúan con diferentes protocolos de acceso a la instituciones, la mirada queda puesta en los próximos días, cuando los consejos de convivencia de cada colegio determinen el futuro escolar de los seis jóvenes identificados, en lo que esperemos sea un caso testigo y ejemplar para la educación correntina.
Diario Época