A Ricardo Nissen lo sobreseyeron cuatro veces. La decisión la tomaron dos jueces distintos. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para la Cámara Federal, que decidió procesar al extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) en un nuevo capítulo de persecución judicial a funcionarios ligados al kirchnerismo.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, decidió dictar el procesamiento de Nissen en un caso impulsado por Hidden Lake, la empresa de Joe Lewis. De acuerdo con el tribunal de apelaciones de Comodoro Py, Nissen habría promovido acciones con el objetivo de perjudicar a Hidden Lake mientras ejercía como responsable de la IGJ.
Irurzun sostuvo que hubo un abuso porque, a su entender, la IGJ pidió la intervención judicial y la nulidad de Hidden Lake en 2022 y 2023 por haber incumplido con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de 2005, que ordenaba habilitar el acceso público al Lago Escondido.
En las resoluciones de la IGJ se puntualizaba que Hidden Lake nunca construyó inmuebles ni llevó adelante un proyecto agropecuario, sino que lo único que hizo fue crear un complejo habitacional de enormes dimensiones para provecho de su dueño.
De acuerdo con el voto de Irurzun, la IGJ habría aplicado el criterio que se usaba cuando se sospechaba que una sociedad hacía operaciones fraudulentas o cometía delitos contra el orden económico y financiero. Para el camarista, la decisión de pedir la intervención judicial partió de una premisa falsa, ya que, a su entender, la sentencia de 2005 no estaba firme ni ordenaba el acceso público a Lago Escondido.
Farah, por su lado, sostuvo que se trató de un caso extraordinario y alejado de la experiencia. El tercer integrante de la Sala, Roberto Boico, no convalidó la maniobra persecutoria.
Lo que no dice la Cámara Federal en su fallo es que, en realidad, la IGJ había pedido la intervención judicial de Hidden Lake por cuatro motivos: no tenía actividad empresaria; los gastos de su funcionamiento se pagaban con varias sociedades offshore del Caribe que nunca se inscribieron en la Argentina; había un ejército privado que impedía el acceso público; y se usaban las instalaciones para reuniones políticas o viajes de funcionarios judiciales.
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