La Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) denunció que el proyecto del Gobierno nacional busca desregular los aranceles y obligar a un reempadronamiento masivo de pensiones.
El colectivo de discapacidad de la provincia de Corrientes manifestó su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso. La licenciada Marcela Kriscovich, referente de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), calificó la iniciativa como una “cachetada” y advirtió que el objetivo de fondo es desarticular el sistema de prestaciones vigente.
Según Kriscovich, el proyecto vulnera la Ley 24.901 al intentar eliminar el valor nomenclador nacional. Esta desregulación permitiría que cada obra social o prepaga fije de manera arbitraria el monto que paga a los prestadores, rompiendo la equidad que hoy garantiza que todos los profesionales del país cobren lo mismo por idéntica práctica.
“Hacen que el padre tenga que pagar la diferencia si el prestador considera que no corresponde lo que paga la obra social; muchos quedarían afuera del sistema”, alertó.
Reempadronamiento y sospecha sobre las pensiones
Uno de los puntos más polémicos de la ley es la obligatoriedad de un reempadronamiento para todos los titulares de pensiones por invalidez. La normativa propuesta exige acreditar nuevamente la condición médica y socioeconómica, bajo amenaza de suspensión automática del beneficio.
“Es una locura que toda la gente vuelva a tener que hacer todos los papeles de vuelta y esperar. Ponen a todos dentro de la misma bolsa, como si todas las pensiones fueran truchas”, señaló la referente de PDU a radio Dos.
Además, cuestionó que el Gobierno nacional no haya publicado datos precisos sobre las supuestas auditorías que justifican esta medida: “Nunca pusieron el número de cuántas cosas fraudulentas hay y cuántas son verdaderas”.
Dura arremetida contra Virginia Gallardo
Kriscovich también dirigió sus críticas hacia la diputada nacional Virginia Gallardo, quien recientemente se mostró junto al ministro de Salud, Mario Lugones, promocionando el proyecto bajo la bandera de la “inclusión”.
“Sale sacándose fotos hablando de inclusión cuando nunca ha conocido un centro de discapacidad en Corrientes ni se ha reunido con nadie. No ha llamado ni al Cottolengo ni a ninguno de los centros que hoy están a punto de cerrarse”, arremetió la profesional, cuestionando el desconocimiento de la legisladora sobre la realidad territorial de las instituciones correntinas.
Los puntos clave de la ley oficial
De aprobarse, el nuevo esquema de emergencia establece cambios drásticos en la asistencia estatal:
- Suspensión preventiva: el Estado podrá cortar la pensión ante cualquier “inconsistencia” detectada en cruces de información entre ANSES, ARCA (ex AFIP) y otros organismos, antes de que el beneficiario pueda ejercer su defensa.
- Recorte de haberes: fija la pensión en un 70% del haber mínimo, pero elimina la facultad del Ejecutivo para otorgar plus por zona geográfica desfavorable o invalidez laboral.
- Control de gastos: los ingresos generados por cada tramo de asistencia estarán sujetos a una fiscalización exhaustiva que, según los prestadores, busca “dilatar los pagos” más que mejorar el servicio.
Desde PDU Corrientes instaron a los legisladores nacionales que representan a la provincia a no acompañar el proyecto. “Esperamos que sigan exigiendo que la ley se cumpla como tiene que ser y que esto quede sin efecto, porque sería retroceder a algo que costó muchísimo conseguir”, concluyó Kriscovich.
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