El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla elevó a juicio a dos exintegrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) por crímenes cometidos durante la última dictadura. Se trata de José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, acusados de desapariciones forzadas, secuestros y homicidios.
Desde que comenzaron los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, las menciones a la DIPPBA fueron constantes. Tal fue el caso que, en diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata encomendó a los jueces de instrucción reconstruir el rol que había jugado el aparato de espionaje de la policía bonaerense en el exterminio.
La Bonaerense tiene un área de inteligencia desde 1956, durante la dictadura de la Revolución Libertadora. La DIPPBA siguió existiendo hasta bien entrada la democracia: se disolvió en 1998. Desde 2001, el archivo producido por sus agentes está bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que es querellante en la causa.
La DIPPBA funcionaba como proveedora de información recolectada por sus propios agentes: la utilizaba tanto para sus necesidades internas como para abastecer los requerimientos de los grupos de tareas que operaban en el Batallón de Inteligencia 601. No solo aportaba información, sino que también los dotaba de agentes.
Durante la dictadura, la inteligencia se jerarquizó dentro de la Bonaerense y pasó a ser una de sus tres direcciones generales. En esos años, la DIPPBA tuvo 16 delegaciones en la provincia y contaba con unos 1200 hombres.
Fumez estuvo al frente de la delegación Lanús entre el 25 de noviembre de 1977 y el 25 de marzo de 1981. Para Ramos Padilla, actuó como encubridor de asesinatos de personas que habían estado en centros clandestinos. Entre esos casos está el del hijo menor de Hebe Pastor de Bonafini.
Para entonces, Hebe integraba Madres de Plaza de Mayo. En febrero de 1977, la dictadura había secuestrado a su hijo Jorge. El 6 de diciembre de ese año, un grupo de tareas se llevó a su otro hijo, Raúl, “Bigote”, de 24 años. Estudiaba Zoología, trabajaba en YPF y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir que estuvo cautivo en la Brigada de Quilmes, el Destacamento de Arana y La Cacha.
Según documentación de la DIPPBA, la dictadura fraguó un “enfrentamiento” para justificar su muerte. Un parte del 7 de septiembre de 1978 sostenía que un Chevy no se detuvo ante un retén en Quilmes y que, tras una persecución, su único ocupante —Raúl— se “autoeliminó”. El cuerpo, agregaba, fue remitido al cementerio de Avellaneda.
Ramos Padilla concluyó que esa versión era falsa. En el procesamiento dictado el año pasado destacó un memorando firmado por Fumez el 19 de septiembre de 1978, en el que queda claro que conocían la identidad del joven: aunque figuraba como “Bonafino”, se consignaba que era hijo de Hebe Pastor. A su madre nunca le informaron qué habían hecho con él.
Fumez también aparece encubriendo el fusilamiento de cinco personas secuestradas en el centro clandestino Vesubio, cuyos cuerpos aparecieron el 14 de marzo de 1978 en Parque Barón, Lomas de Zamora.
Salvador era jefe de la delegación Enlace Capital Federal entre el 30 de diciembre de 1976 y el 2 de febrero de 1978, con oficinas en la Casa de la Provincia. Esa delegación intercambiaba información con otros organismos de inteligencia, tramitaba pedidos de los grupos de tareas del Batallón 601 y asignaba agentes en comisión.
Además, Salvador participaba en la Comisión Asesora de Antecedentes, que funcionaba en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y analizaba si las personas detenidas podían acceder a la opción de salir del país. Ramos Padilla encontró, por ejemplo, la ficha en la que se resolvió que Iris Avellaneda era “no opcionable”. Iris fue secuestrada en abril de 1976 junto a su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda, quien fue torturado y arrojado en los vuelos de la muerte.
Salvador también difundió el listado Delta, confeccionado por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), con personas buscadas. Allí figuraba Olga Noemí Casado, luego secuestrada mientras cursaba un embarazo de siete meses. Dio a luz en cautiverio, su hija fue apropiada y recuperó su identidad en 2008.
También impulsó pedidos de distintos grupos de tareas: del Grupo 3 de la Marina para detener al médico Samuel Slutzky —secuestrado y llevado a La Cacha—; del Grupo 4 de la Aeronáutica para localizar a Hugo Corsiglia —luego llevado a la ESMA—; y del Batallón 601 para la “explotación de blancos”, que incluía a la familia López Comendador. Su hijo, Luis Ignacio, fue secuestrado el 27 de junio de 1977 en su casa.
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