Desagregando este porcentaje, el total de gastos tributarios para el año que viene asciende a 2,34% del PBI, los derivados de normas impositivas 1,73% del PBI y los originados en Regímenes de Promoción Económica0,61% del PBI.
Un informe de Ramiro Castiñeira y Samuel Kaplan, de la consultora Econométrica, da cuenta de la magnitud del desequilibrio en las cuentas públicas. Recuerda que la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un déficit primario de 1,9% del PBI para el 2023. Sin embargo, calculan que” el Plan Platita lanzado recientemente por el gobierno elevará el desequilibrio a 3,2% del PBI”.
Si a esta cifra se agrega el desequilibrio financiero (2,2% del PBI) y el pago de intereses de la deuda del Gobierno Nacional y el pago de intereses de la deuda del Banco Central por las Leliqs (9% del PBI) resulta que “el déficit del sector público nacional consolidado se estima en la imponente suma de 14,4% del PBI para este año”.
Para el año que viene, el compromiso con el FMI contempla una reducción del déficit primario a 0,9% del PBI, pero la intención del equipo económico es que el Congreso discuta la posibilidad de recortes en los gastos tributarios que permitan llevar ese resultado a un superávit de 1% del PBI.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo Nacional elaboró junto al proyecto de ley de presupuesto 2024, una “Separata” que contiene el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas entendiendo a este gasto como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento tributario que se aparta del establecido con carácter general.
Este informe ha sido puesto a disposición de los legisladores para que ellos consideren si corresponde la derogación o limitación de ciertos beneficios tributarios con el objetivo de obtener un resultado fiscal superavitario.
Contrapunto
La “Separata” se comenzó a discutir esta semana en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados en donde se dio un contrapunto entre las autoridades del Ministerio de Economía, que plantearon a los legisladores un menú de opciones para los recortes, y la respuesta de los diputados en cuanto a que debía ser el Poder Ejecutivo quien los determinara, en lo que se interpretó como que “nadie quiere hacerse cargo del costo político de las decisiones desagradables”.
En el Palacio de Hacienda se considera que indefectiblemente, el año que viene deberán ordenarse las cuentas públicas y, desde esta perspectiva, consideran que en el Parlamento es en dónde deben lograrse los acuerdos, en sintonía con la propuesta de Massa de “un gobierno de Unidad”.
Además, desde el Palacio de Hacienda aclaran que la intención no es estrictamente quitar subsidios, sino determinar cuál es la contrapartida de estos beneficios.
Desde la oposición se hace otra lectura y se señala que como el gobierno no tiene cómo financiar las medias que ha venido tomando, “le tiran el muerto al Congreso con el tema de los gastos tributarios”.
Recortes
De la propuesta del Poder Ejecutivo surge que algunos beneficios que podrían ser eliminados, entre otros, se destacan:
Ganancias de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI),
Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%),
Alícuotas reducidas de IVA (0,62%) y régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%).
Particularmente, la iniciativa del Ejecutivo destaca la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales que representa 0,48% del PBI. La información da cuenta que sólo con relación a los inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personales residentes en el país.
Especialistas en temas tributarios explican que esta exención surge de la derogación de la ganancia mínima presunta. Al respecto consideran que deberían estar gravados como cualquier otro bien, pero a la tasa de empresas (0,5 o 0,75%) y no hasta la tasa progresiva máxima (2,25%).
Ganancias
El tema del impuesto a las Ganancias para los jueces es una discusión de larga data y los magistrados sostienen que la exención está contemplada en la Constitución.
Al respecto, Economía anticipo que apelaran el fallo del Juez Pablo Cayssials que cuestiono la medida argumentando que la retención viola el principio constitucional que de igual remuneración por igual tarea. El fallo judicial hace referencia a la reforma del impuesto a las ganancias que obliga a pagar el tributo a los jueces y fiscales designados a partir de 2017.
Otro caso son los ADR, es decir las acciones de compañías argentinas que cotizan en mercados del exterior pero que se pueden comprar en la plaza financiera local. Los ADR tributan 7% de Impuesto a las Ganancias, en lugar de la tasa general (35%). Desde ya que esta iniciativa ha despertado luces de alarma en el mercado de capitales.
También está en la mira de las autoridades son las plataformas digitales. El Ejecutivo plantea el cobro de un mínimo de Ganancias de 15%. En este caso, se aclara que “está dirigido la modificación que debería darse es a una retención de la fuente al beneficiario del exterior y entendemos que el que el beneficiario del exterior no podría trasladarlo a un consumidor final en la Argentina”, explico la subsecretaria de Ingresos Tributarios, Claudia Balestrini.
IVA
El Ministerio de Economía también considera que corresponde focalizar la atención en la dispensa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que recae sobre los honorarios de los directores de sociedades que representará, en 2024, 0,29% del PIB. Ambos beneficios tienen un impacto negativo en la recaudación prevista para el próximo ejercicio fiscal de 0,77% del PBI.
Otros beneficios impositivos que sugiere el oficialismo es revisar que las obras de arte dejen de pagar la tasa diferencial de IVA a 10,5%.
También señalan “asimetrías” en impuestos internos, con casos como el agua mineral que está gravada mientras otras bebidas alcohólicas como los espumantes están exentas.
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