Agrupados en la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines rechazan una resolución firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). A médicos de cabecera eliminaron incentivos y prestaciones. Implica un recorte de ingresos superiores al 50% en los ingresos. Además se definen coseguros para los jubilados. Van a un paro de 72 horas como metodología de protesta.
El conflicto se desató con la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) que introdujo modificaciones en el Nomenclador Común del Instituto y en el modelo prestacional correspondiente a médicos y médicas de cabecera, generando preocupación creciente entre profesionales de todo el país.
La norma establece la unificación y actualización del nomenclador prestacional, el incremento del valor de la cápita a partir del mes prestacional abril de 2026 y la eliminación del incentivo económico destinado a la formación de posgrado de los médicos de cabecera. Asimismo, plantea un proceso de simplificación administrativa orientado a priorizar dentro de la cápita prácticas que anteriormente se remuneraban por prestación.
En sus propios considerandos, la resolución reconoce que el sistema vigente se estructuraba bajo un esquema de retribución mixto, combinando pago capitado y pago por prestaciones médicas realizadas. Sin embargo, médicos prestadores sostienen que la implementación efectiva del nuevo modelo implica la desaparición de componentes variables esenciales del ingreso profesional, concentrando la remuneración casi exclusivamente en el pago por cápita.
Un elemento relevante desde el punto de vista jurídico es que la resolución ratifica la continuidad de los contratos celebrados con los médicos de cabecera. A pesar de ello, los profesionales denuncian que las condiciones económicas fueron modificadas sin renegociación contractual previa, lo que abre interrogantes respecto de eventuales conflictos legales.
Los médicos continúan trabajando bajo modalidad contractual, sin relación de dependencia, debiendo cumplir una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujeta a auditorías destinadas a verificar la presencia efectiva del profesional. Paralelamente, deben asumir la totalidad de los costos de funcionamiento del consultorio, incluyendo alquiler, personal administrativo, servicios, insumos médicos, conectividad, mantenimiento y cargas impositivas.
Según estimaciones difundidas por delegados profesionales y asociaciones médicas, ingresos mensuales que rondaban los 3.800.000 pesos podrían reducirse a valores cercanos a entre 1.200.000 y 1.600.000 pesos, lo que representaría una caída superior al 50 por ciento de la facturación. En numerosos casos, señalan que el ejercicio profesional podría resultar económicamente inviable una vez descontados los costos operativos.
Representantes de APPAMIA advierten que este escenario podría derivar en una salida significativa de médicos del sistema, afectando el funcionamiento del primer nivel de atención del PAMI. El médico de cabecera constituye la figura central del modelo asistencial del Instituto, responsable del seguimiento clínico de enfermedades crónicas, la emisión de recetas, la indicación de estudios y las derivaciones a especialidades.
La eventual reducción del plantel médico podría trasladar la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre el sistema sanitario general y generando riesgos de discontinuidad en la atención de jubilados y pensionados.
En ese marco lanzaron una huelga total y por 72 horas. Será desde este lunes y hasta el miércoles inclusive. “Sin honorarios dignos no hay salud de calidad”, sostienen desde la organización que reclama que quede sin efecto la resolución que desató el conflicto.
Profesionales consultados señalan además la existencia de un clima de preocupación y cautela frente a posibles rescisiónes contractuales, lo que limita la exposición pública de reclamos. No obstante, distintos grupos de médicos comenzaron a coordinar acciones gremiales y evalúan la adopción de medidas de fuerza en defensa de sus condiciones laborales y del sistema de atención a afiliados.
En este contexto, el conflicto adquiere una dimensión que excede la discusión salarial, proyectándose como un posible problema sanitario estructural vinculado al acceso efectivo a la atención médica de la población mayor cubierta por el PAMI.
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