El juez federal Daniel Rafecas allanó la casa en la que vivía Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, en busca de documentación que pudiera servir para la identificación de perpetradores o del destino de las víctimas que pasaron por sus manos.
Suárez Mason murió en junio de 2005. No llegó a ser juzgado tras la reapertura de los procesos por lo sucedido en los años del terrorismo de Estado. Pero la causa por los crímenes cometidos en la Zona I —que abarcó gran parte de lo sucedido en Buenos Aires— lleva su nombre. En su departamento del sexto piso de un edificio ubicado en la avenida Santa Fe al 1100 todavía había y se encontraron documentos que pueden ser de interés para la investigación que lidera Rafecas.
El juez dispuso el allanamiento después de tomarle declaración al periodista Gustavo Sammartino, autor del libro Si lo contás, te mato, publicado por Planeta en febrero de este año. El 31 de marzo pasado, Sammartino testificó en el juzgado acerca de las entrevistas que mantuvo con el jerarca de la última dictadura entre 1999 y 2003.
Sammartino estimó que había ido unas 27 veces a la casa en la que vivían Suárez Mason y su esposa, Noemí Angélica “Lita” Alais de Suárez Mason. Lita tiene 96 años y sigue viviendo en esa casa con su hija Gloria, que es psicóloga. Lita es, además, hermana de dos personajes vinculados a la represión: el comisario Félix Alejandro “Oso” Alais –que fue parte de la triple A– y el general Ernesto Arturo Alais –que nunca llegó a sofocar el alzamiento carapintada de 1987–.
Tanto en el libro como en la declaración, Sammartino precisó que le había preguntado a Suárez Mason si conservaba documentación sobre la represión. “No le puedo mostrar los documentos porque no los tengo acá en Argentina. Los documentos están bien guardados en Estados Unidos”, le habría dicho el jerarca.
Sin embargo, a las entrevistas Suárez Mason llegaba con manuscritos y algunos documentos que despertaron el interés del periodista entonces –y, después del juzgado–. Sammartino también relata en el libro que Suárez Mason admitió haber entregado a un bebé —que nació o pasó por los campos de concentración de la dictadura— a un cura amigo para que fuera criado por un hermano que no podía tener hijos.
Rafecas ordenó que la Policía Federal Argentina (PFA) se presentara en el domicilio de la familia Suárez Mason el viernes por la mañana. El juez dispuso que se buscaran agendas personales, carpetas y organigramas que pudieran ser útiles para la pesquisa, dado que Suárez Mason fue el “máximo responsable del accionar represivo en la jurisdicción de la Zona I”.
En esa línea, Rafecas afirmó que “el hallazgo de dicha documentación, oculta y secreta, podría representar un avance significativo en el conocimiento de los hechos”, según la resolución a la que tuvo acceso Página/12.
El allanamiento terminó con resultados positivos. Se secuestraron dos cajas con documentación. Según pudo reconstruir este diario, se encontraron manuscritos y también archivos secretos del Ejército. La documentación deberá ser analizada por el juzgado en las próximas semanas.
El allanamiento distó de ser tranquilo. La hija de Suárez Mason estaba enfurecida con la llegada de los funcionarios del juzgado de Rafecas —encabezados por el secretario Diego Perone— y del auxiliar fiscal Agustín Vanella.
En algún momento hubo una discusión porque un documento mencionaba el rol de un sacerdote en la entrega de Eduardo “Wado” de Pedro —secuestrado tras un operativo en el que hirieron gravemente a su madre, que estaba embarazada, y asesinaron a su pareja—. Todo indica que “Wado” estuvo en el centro clandestino conocido como El Olimpo —donde una sobreviviente reconoció el juguete que él solía usar— antes de ser apropiado y luego recuperado por su familia.
La hija de Suárez Mason mostraba el documento y, en tono de provocación, les preguntaba a los funcionarios judiciales si sabían a qué se dedicaban los padres del chico (en referencia a “Wado”). Vanella la cortó en seco cuando le recordó que el grupo de tareas había tirado granadas contra la casa en la que vivían y que la madre de “Wado” lo único que hizo fue poner a su hijo a resguardo.
La situación no terminó allí. La mujer no tenía intención de entregar la llave de la baulera. Lo hizo cuando se dio cuenta de que, si no accedía, la PFA iba a abrirla de todas formas.
Mientras tanto, Gloria Suárez no dejaba de quejarse porque los jueces no le concedían prisión domiciliaria a su hermano Carlos Guillermo Suárez Mason, homónimo de su padre y condenado a prisión perpetua por su rol en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Suárez Mason hijo está preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo y tiene permisos para visitar a su madre. Suárez Mason Junior fue uno de los represores que, en julio de 2024, posó en la foto de familia con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que fueron de visita al penal de Ezeiza.
Desde Justicia y Concordia despotricaron por el allanamiento en redes sociales. Según la asociación, que nuclea a abogados de represores, “el Poder Judicial y la voracidad vengativa de ciertos sectores no parecen tener límites”.
Sin embargo, lejos está de ser la primera vez que Rafecas allana la vivienda de un represor. En 2012, el juez ordenó requisar la casa de Carlos Alberto Martínez, a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército durante los primeros años de la dictadura y responsable de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hasta la vuelta a la democracia. En su casa se hallaron directivas que eran desconocidas hasta entonces.
Para esa misma época, la jueza federal de San Martín Alicia Vence allanó también la casa del dictador Jorge Rafael Videla, donde encontraron distintos archivos e incluso libros que el represor no llegó a publicar.
Meses atrás, la abogada Guadalupe Godoy recordó en un alegato en La Plata que hay represores que admitieron públicamente que guardan información para que sea conocida dentro de catorce años. Tal es el caso de Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Smart sugirió a otros condenados que preserven información hasta 2040, según reconoció uno de sus hijos a las periodistas Carolina Arenes y Astrid Pikielny, autoras de Hijos de los ’70. Una última crueldad que someterá a muchos familiares a morir sin conocer cuál fue la suerte de sus seres queridos.
Página/12