La secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de dar de baja más de 900 mil programas. Alertó por la caída del consumo, el aumento de la pobreza y el riesgo de mayor conflictividad social.
En declaraciones a CIUDAD TV, Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), expresó su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la baja de programas sociales, medida que alcanza a más de 900 mil trabajadores en todo el país y que, según indicó, tendrá un fuerte impacto en la provincia del Chaco.
Duarte precisó que en territorio chaqueño se estima que alrededor de 42.600 personas dejarán de percibir el programa “Volver al Trabajo”, lo que implicará una pérdida mensual cercana a los 3.600 millones de pesos que actualmente se vuelcan al consumo local. “Ese dinero no se fuga, se gasta en el barrio: en la verdulería, en el almacén, en la garrafa. Es un ingreso que dinamiza las economías populares”, sostuvo.
La dirigente explicó que este tipo de programas surgieron en el marco de la Ley de Emergencia Social como un complemento para trabajadores informales, y que con el tiempo fueron modificando su denominación —desde Salario Social Complementario hasta Potenciar Trabajo— hasta la actual segmentación en dos esquemas implementada por la gestión nacional.
En ese sentido, advirtió que el impacto de la medida será particularmente fuerte en provincias con altos niveles de informalidad laboral, como Chaco. “La posibilidad de acceder a un empleo formal es cada vez más difícil, y estos ingresos cumplen un rol clave para sostener a miles de familias”, remarcó.
Según un relevamiento de la UTEP, la quita del programa podría generar una caída del consumo de alrededor del 6% en la provincia y un incremento de la pobreza de entre 8 y 10 puntos. “Esto no es solo un problema de las organizaciones sociales, es un problema que afecta a toda la economía local”, enfatizó.
Además, Duarte señaló que muchos beneficiarios cumplen tareas en unidades productivas, en la agricultura familiar, en el reciclado o en espacios comunitarios vinculados al cuidado y la asistencia social. “Son trabajos reales que sostienen comedores, merenderos y redes de contención en los barrios”, indicó.
La dirigente también advirtió sobre posibles consecuencias sociales más profundas. “Cuando el Estado se retira del territorio, otros actores ocupan ese lugar. El avance del crimen organizado en contextos de exclusión es un riesgo concreto”, alertó.
En cuanto a la situación social, Duarte cuestionó el diagnóstico oficial sobre una supuesta mejora de los indicadores de pobreza. “La realidad en la calle es otra. Hoy vemos más personas en situación de calle y familias que no logran cubrir sus necesidades básicas. Comer dos veces al día se volvió un privilegio para muchos”, afirmó.
Finalmente, anticipó que la conflictividad social podría incrementarse en las próximas semanas. “Si no hay respuestas para los sectores más vulnerables, es muy difícil sostener la paz social. La situación es crítica y el pronóstico no es alentador”, concluyó.