El Gobierno argentino ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), según denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo.
Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la red Europea por el Derecho a la Identidad de Abuelas en Madrid desde hace 25 años, sostiene en una entrevista con EFE que uno de los argumentos del Gobierno argentino para justificar la interrupción de esta política es que «no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial».
«Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez», añade.
Desmantelamiento del envío de kits de ADN
El envío de kits de ADN a los consulados para facilitar análisis de identidad se estableció en Argentina hace 20 años y, ahora, con su desmantelamiento, deja sin alternativa a quienes no pueden costearse un viaje a Buenos Aires para realizar la prueba.
Esta política, relanzada en 2021, bajo el lema «Argentina te busca», invitaba a las personas que dudan de su identidad a acercarse a los consulados y recibir asesoramiento. Además, habilitaba la extracción de sangre en territorio argentino, frente a autoridades argentinas, es decir en las sedes consulares, con el kit de ADN que Cancillería enviaba a través de valija diplomática.
Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, asegura a EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial:
«Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar», agrega.
La Agencia EFE intentó confirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, pero sus portavoces rehusaron pronunciarse desde Buenos Aires sobre este asunto.
Críticas
Claudia Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI, manifiesta a EFE que «toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla con una falta de respeto total hacia las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los hijos».
Así mismo, Josefina Nacif, una trabajadora despedida de la desmantelada Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, señaló a EFE que, «no hay intención institucional de trabajar conjuntamente, al contrario».
«Hoy hay un Gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio», afirmaron las Madres y Abuelas el pasado 24 de marzo en un acto en la Plaza de Mayo.
Una red internacional para buscar a los hijos de los desaparecidos
En Argentina, el robo de bebés de desaparecidos por los militares durante la dictadura es considerado un delito imprescriptible desde 2007: «No prescribe porque hasta que no recupere la identidad el último de los nietos, el delito se sigue perpetrando en él o ella y también en sus hijos», detalla Parrondo.
Desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aseguran que cerca de 400 bebés fueron robados por la dictadura a sus progenitores, por eso se creó una red de búsqueda en el exterior bajo el amparo del Estado argentino.
El área de Memoria, Verdad y Justicia de la Cancillería, solo entre 2005 y 2019, «gestionó 110 extracciones de sangre a través de CONADI en el exterior y otras 46 a pedido del Poder Judicial», afirma Nacif.
La función de la red de las Abuelas en el exterior es orientar a las personas en el proceso de búsqueda que, hasta ahora, fundamentalmente contactaban con CONADI, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia que iniciaba las investigaciones para instruir a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería en los pedidos y avanzar con la toma de muestras de ADN en las sedes consulares.
La red internacional de la Asociación está establecida en Madrid, Barcelona, Roma, París, Estados Unidos y Canadá, explica a EFE Martín Moze, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) Barcelona, que sostiene que en estos momentos «hay alrededor de 20 personas con su identidad vulnerada (no necesariamente hijos de desaparecidos) que pueden estar viviendo en España».
Si bien, la vía judicial aún puede instruir a Cancillería para que realice en los consulados las muestras de ADN dentro de una investigación penal en el exterior, los recortes de Milei en materia de derechos humanos obstaculizan la búsqueda en el extranjero, denuncian las fuentes.
Degradación en materia de Derechos Humanos
El desmantelamiento más visible es la degradación y los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio Nacional de Justicia, junto con la consecuente erosión de la CONADI bajo la órbita de esta cartera.
Claudia Carlotto, quien estuvo al frente de la CONADI 32 años y fue obligada a jubilarse asegura: «Esa unidad fue diluida, desecha por decreto y mi cargo fue también eliminado».
«A todas las compañeras de Dirección de Derechos Humanos (de la Cancillería), las echaron. No tenemos más interlocutor», denuncia desde Roma Jorge Ithurburu.
Nacif, quien trabajó 18 años en Cancillería como interlocutora con la CONADI, el Banco Genético, los consulados y las organizaciones civiles, fue despedida en diciembre del año pasado, al igual que todas las compañeras que constituían esa cartera, según denuncia.
«Siempre hubo una interlocución y ahora (…) la rompieron. Ya no les interesa, creen que no hay que trabajar en esto, sino todo lo contrario», sostiene a EFE.
A pesar de todos estos obstáculos, Moze se muestra optimista: «Si ellas pudieron encontrar a nietos en plena dictadura, nosotros tenemos la convicción de que vamos a seguir buscando y encontrando a nuestras hermanas y hermanos».