Los presuntos delitos son “defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
En medio de las denuncias por presuntas líneas de crédito hipotecario preferenciales del Banco Nación para funcionarios y legisladores del Gobierno, se presentaron dos denuncias penales por el tema, las cuales ya fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py.
La primera denuncia que apunta contra las autoridades de la entidad bancaria por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, entre otros delitos, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas; mientras que la segunda presentación, realizada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, recayó en la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
En la primera denuncia, presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, se señaló al expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, por los presuntos delitos de “defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
En cuanto a la segunda denuncia, se involucra a Tillard junto a otros beneficiarios de los créditos, como el director de YPF, Emiliano Mongilardi; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−, Pedro Núñez y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani.
La segunda presentación fue realizada por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito” y “defraudación por administración fraudulenta”.
La polémica surgió luego de que se conociera que decenas de miembros del Gobierno y legisladores oficialistas obtuvieron préstamos hipotecarios en los dos últimos años por cifras que, en algunos casos, llegan a los 500 millones de pesos. Un sector de la oposición en el Congreso ya solicitó formalmente investigar la maniobra.
Los datos sobre los créditos hipotecarios, de acceso libre, provienen de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). El escándalo se potenció al ser sistematizada esa información por la plataforma “¿Cuánto deben?”, un visualizador de código abierto desarrollado por los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot.
Al cruzar la data con el análisis de las declaraciones juradas se pudo rastrear la evolución mensual de las deudas de 1.440 personas políticamente expuestas: funcionarios, diputados, senadores. Los casos denunciados son los que lograron los préstamos más altos junto a quienes presentan una inconsistencia llamativa entre el patrimonio declarado y el préstamo obtenido.
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