El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) formularon la acusación a fin de promover la apertura del juicio oral de un productor rural de 25 años, a quien se le atribuye la comisión, en carácter de autor, del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación de la finalidad. Asimismo, se estimó en 8 años de prisión la pena que la fiscalía requerirá que se imponga en el marco del debate oral.
La imputación está vinculada a la detección, en octubre del año pasado, de 20 personas sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de cultivo de frutillas ubicado en la localidad santafesina de Arroyo Leyes, sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
La acusación fue formulada por los fiscales federales Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; la fiscal coadyuvante Milagros Traverso; y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la PROTEX.
La presentación de la acusación por escrito —tal como lo dispone el artículo 274 del Código Procesal Penal Federal (CPPF)— constituye el paso previo a la realización de la audiencia de control de la acusación en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral, y las condiciones en las que se realizará, en este caso, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
De acuerdo con la requisitoria, el imputado —cuyas iniciales son F.A.P.— implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad estructural de las víctimas.
En su presentación, el Ministerio Público Fiscal también impulsó medidas de reparación para las víctimas, solicitó el decomiso de los bienes secuestrados y requirió la imposición de las costas del proceso al acusado.
“Debe valorarse la naturaleza y gravedad del hecho, ya que el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que implica la cosificación de la persona y la supresión fáctica de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”, sostuvieron los fiscales.
La presentación de la acusación por escrito —tal como lo dispone el artículo 274 del Código Procesal Penal Federal (CPPF)— constituye el paso previo a la realización de la audiencia de control de la acusación en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral, y las condiciones en las que se realizará, en este caso, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Captación, traslado y endeudamiento
La investigación preparatoria se inició el 17 de septiembre de 2025, a partir de la denuncia, en una comisaría local, de tres víctimas, una de las cuales refirió que habían logrado escapar del predio.
A instancia de la Unidad Fiscal Santa Fe —a cargo del caso junto a la PROTEX—, el 1° de octubre se realizó el allanamiento al campo de frutillas ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, donde se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales.
Según la pesquisa, la mayoría de las personas provenía de la provincia de Chaco —principalmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde— y había sido trasladada al campo bajo promesas laborales que no se cumplieron. La acusación sostiene que el imputado financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido.
Si bien al formalizar la investigación en octubre de 2025 se contabilizaron 45 personas como las presuntas víctimas, la acusación, en función de los testimonios recabados, finalmente se enfocó en 20 de ellas.
Condiciones de vida y trabajo
La acusación describe condiciones de extrema precariedad: los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas. El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable.
La fiscalía señala que las personas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. Según los testimonios, las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales.
En ese marco, el MPF consideró que las condiciones configuraban una situación de reducción a la servidumbre, basada en el aprovechamiento de la necesidad económica y la falta de instrucción de las víctimas.
Uno de los testimonios volcados en la pieza acusatoria describe esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana, salíamos a las 11. De las 11, comíamos algo un ratito, ya teníamos que entrar otra vez a las 7 de la tarde. Hasta que baje el sol, ¿viste? Y resulta otra vez a la madrugada. Teníamos que hacer todos los días así, así, así. Y el cuerpo no da más, viste que vos estás cansado y dormís una hora, dos nomás, y no das más. Me dolía todo el pie así, ¿viste? Cuando tenía que ir otra vez”.
Evidencia y pedido de decomiso
Los fiscales Rodríguez y Colombo también fundamentaron la acusación y el pedido de juicio en la evidencia recolectada durante el allanamiento, en el que se secuestraron más de 10 millones de pesos en efectivo, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de distintos calibres y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos, como linternas para las tareas que realizaban en horas nocturnas. También se incautó una camioneta Volkswagen Amarok, cuya titularidad corresponde al imputado. Según la fiscalía, el vehículo era utilizado como instrumento para la comisión del delito, por lo que se solicitó su decomiso.
Para los fiscales, el conjunto de la evidencia permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas” y a “obtener beneficios a costa de su libertad y dignidad”.
El caso cuenta con la intervención de programas estatales de asistencia para el acompañamiento psicológico y social de las víctimas.