El Ejército resolvió dar de baja a 34 militares con condenas firmes por delitos de lesa humanidad, en una decisión que se conoció este sábado, misma semana en que se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976. La medida fue adoptada por el jefe de la fuerza, general de división Oscar Santiago Zarich, a partir de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La resolución alcanza a un teniente coronel retirado y 33 suboficiales, entre ellos Juan Daniel Amelong, uno de los nombres más conocidos entre los condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura. Según se indicó, la baja administrativa supone la pérdida del estado militar, por lo que los afectados dejarán de percibir beneficios como retiros, pensiones y cobertura médica.
El avance se produjo después de que la PIA detectara, dos semanas atrás, 78 casos de integrantes de las Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad que, pese a tener sentencia firme, todavía no habían sido desafectados como establece la normativa vigente. El organismo sostuvo que existe un marco legal claro que obliga al Estado a ejecutar esas bajas una vez que la condena queda firme.
No es la primera decisión de este tipo. A comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, ya había dispuesto la baja de 23 militares condenados por la Justicia, una medida que en ese momento había generado ruido puertas adentro del Ejército.
El caso de Juan Daniel Amelong
Entre los militares alcanzados por la nueva resolución aparece Juan Daniel Amelong, un exteniente coronel que acumula varias condenas por delitos de lesa humanidad, incluidas penas perpetuas. Su nombre había vuelto a la discusión pública en noviembre de 2023, durante el debate vicepresidencial, cuando Agustín Rossi le pidió a Victoria Villarruel que fijara posición sobre los militares presos por hechos de la dictadura.
En ese intercambio, la actual vicepresidenta había mencionado el caso de Amelong al recordar el asesinato de su padre a manos de Montoneros en Rosario, en 1974, y cuestionar por qué no estaban detenidos los responsables de ese crimen. De acuerdo con los expedientes citados en el informe, Amelong integró en los años 70 grupos de tareas vinculados al Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.
Las falencias que marcó la PIA
Además de impulsar las bajas, la Procuraduría advirtió sobre la falta de una política estatal coordinada para ejecutar de manera rápida y completa las consecuencias administrativas de las condenas firmes. En ese sentido, señaló que persisten demoras, respuestas fragmentadas y resistencias institucionales que entorpecen el cierre de estos procedimientos.
El informe también puso el foco en la ausencia de mecanismos adecuados de registro, seguimiento y control dentro de las áreas estatales encargadas de administrar el personal de las fuerzas y de supervisar el cumplimiento de las sentencias judiciales. Para la PIA, esa desarticulación explica por qué todavía seguían activos casos que, por ley, ya debían haber sido resueltos.
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