En declaraciones a CIUDAD TV, la exsecretaria de Ambiente de la Provincia del Chaco María Elina Serrano, advirtió que la reforma a la Ley 26.639 de Glaciares impulsada por el gobierno nacional representa una amenaza seria para los recursos hídricos del país.
Serrano subrayó que, si bien la provincia del Chaco no posee glaciares en su territorio, la cuestión no le resulta ajena: sus siete diputados nacionales deberán pronunciarse a favor o en contra de la modificación, y las consecuencias de ese voto afectarán a ocho millones de argentinos vinculados a esas fuentes de agua. La modificación que propone el Ejecutivo apunta, según la especialista, a redefinir qué se entiende por glaciar, habilitando así actividades que hoy están vedadas en esas zonas. “Si yo no puedo prohibir algo en un lugar, entonces definamos qué es eso —explicó—. Si le digo a alguien que no puede jugar en el patio, dirán: definamos qué es patio. Eso es lo que está pasando hoy con la ley de glaciares.”
Una audiencia pública no tan pública
El proceso de participación ciudadana previo al tratamiento legislativo fue objeto de fuertes críticas por parte de Serrano. Más de 102.000 personas se inscribieron para exponer en la audiencia pública convocada por el Congreso, pero la modalidad de participación resultó, a su entender, completamente inadecuada. A quienes se registraron de manera virtual —la amplia mayoría— se les solicitó que enviaran un video publicado en su propio canal de YouTube o una presentación escrita de hasta diez páginas.
Ante ese mecanismo, Serrano optó por no enviar su presentación y en cambio ejerció su derecho a impugnar el formato. “Respondí el mail haciendo uso de mi derecho, tal como fue convocada la audiencia pública según lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, en defensa de los derechos ambientales”, explicó. La especialista señaló que varios legisladores también presentaron pedidos de impugnación y que un grupo parlamentario ha promovido un proyecto para revisar el proceso, al considerar que la instancia no reunió las condiciones constitucionales exigidas.
El riesgo de fragmentar la regulación ambiental
Uno de los puntos centrales de la objeción técnica y jurídica que plantea Serrano es la transferencia a las provincias de la facultad de definir qué constituye un glaciar y qué actividades son admisibles en su entorno. Para la ingeniera, esa descentralización no generará seguridad jurídica sino todo lo contrario: provocará una avalancha de recursos judiciales y, sobre todo, abrirá la puerta a lo que los fiscales ambientales denominan “dumping ambiental”, es decir, una competencia entre provincias para ofrecer condiciones regulatorias más laxas a fin de atraer inversiones mineras. La modificación también pone en riesgo otras leyes de presupuestos mínimos, entre ellas la Ley de Bosques. “Si pasa con glaciares, va a estar la ley de bosques en la misma situación más tarde o más temprano”, sostuvo, señalando que los intereses económicos que presionan sobre los bosques nativos del país seguirán el mismo camino si el modelo regulatorio se debilita.
Minería responsable versus minería sin controles
Serrano fue cuidadosa en evitar un rechazo genérico a la actividad minera. Aclaró que la Ley de Glaciares no prohíbe la minería y que el país necesita de ella en su vida cotidiana. El problema, enfatizó, no es la actividad en sí misma sino la ausencia de controles efectivos y la distribución inequitativa de sus beneficios y sus costos. Como ejemplo, mencionó su visita al Balcón de Pissis, en Catamarca, donde una enorme empresa minera de capitales chinos opera en las afueras de Fiambalá con escasa integración con la comunidad local: los carteles de los comercios están en chino y el impacto económico sobre el pueblo es mínimo. “Estamos recibiendo las pérdidas, haciéndonos cargo de las pérdidas, y no participamos para nada en las ganancias”, resumió la asimetría que describe. Para la especialista, la clave no es expulsar a las empresas sino garantizar que el beneficio llegue a las comunidades y que el Estado cuente con los recursos humanos, económicos y la voluntad política para auditar la actividad de manera independiente.
El agua que no se ve y los glaciares que no vuelven
Serrano cerró su intervención con una reflexión sobre los tiempos geológicos que gobiernan el impacto ambiental de estas decisiones. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), creado en 1972 a raíz de crisis hídricas en Mendoza y no como consecuencia de la Ley de Glaciares como muchos creen, tiene identificados más de 16.000 glaciares en el país. Esas masas de hielo están retrocediendo en todo el mundo a causa del cambio climático, y la contaminación que pudiera producirse en las zonas periglaciares no tendrá efectos visibles de manera inmediata: el agua se infiltra, viaja bajo la roca y puede emerger décadas o incluso milenios después.
La advertencia es contundente: lo que se haga hoy no será visible en el corto plazo, pero tampoco será reversible. “Cuando nos caigan esas tormentas enormes y tengamos el agua hasta las rodillas, pensemos a dónde estaba esa agua que no está”, instó al cierre. La judicialización de la reforma, anunció, ya está en marcha, y los próximos meses definirán si la modificación avanza o si el sistema judicial pone un freno a lo que la especialista considera una violación de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente.