La fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala, informó que la Justicia de primera instancia dictó un fallo favorable a la provincia en una causa por desmonte ilegal que provocó daño ambiental, ordenando al responsable el pago de una multa superior a 101 millones de pesos, más intereses y costas judiciales. Rechazó los planteos de inmunidad parlamentaria presentados por el legislador.
Según explicó la funcionaria a la Agencia de Noticias Formosa, la sanción había sido impuesta originalmente por el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia, pero el senador involucrado, Francisco Paoltroni, no cumplió con el pago de la multa, lo que llevó al Estado provincial a iniciar la correspondiente ejecución judicial, como ocurre en este tipo de casos.
Zabala detalló que durante el proceso el legislador que forma parte del oficialismo a nivel nacional, presentó distintos planteos para evitar el pago, entre ellos inmunidad parlamentaria, falta de legitimación e inconstitucionalidad de la norma que sustenta la sanción. Sin embargo, todos estos argumentos fueron rechazados por la Justicia.
“La inmunidad parlamentaria no corresponde en este caso”, explicó la fiscal de Estado. “La inmunidad es para no ir preso por sus dichos en el recinto o en el ejercicio de su función legislativa, pero no para evitar el pago de deudas o multas como cualquier ciudadano”, aclaró.
Asimismo, remarcó que el productor fue debidamente notificado de la sanción administrativa y tuvo oportunidad de cumplir con la multa antes de que el Estado iniciara la vía judicial.
“El monto de la condena en primera instancia es de 101 millones de pesos, más los intereses que correspondan y las costas del juicio”, precisó Zabala.
La funcionaria aclaró que se trata de un procedimiento habitual cuando una persona sancionada no cumple con el pago de una multa administrativa, ya que el Estado tiene la atribución de reclamar su cumplimiento ante la Justicia.
Finalmente, anticipó que es probable que el fallo sea apelado por la defensa del senador. “Seguramente lo va a apelar y nosotros defenderemos la decisión también en esa instancia, porque estamos convencidos de que es lo que corresponde”, sostuvo.
En ese sentido, subrayó que la Provincia de Formosa busca hacer valer la normativa vigente y proteger el derecho ambiental, principio consagrado en la Constitución.
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