La decisión de la Secretaría de Comercio busca determinar si Argentina y otros países involucrados están importando bienes producidos con “trabajo forzoso” según la directriz que se conoció este viernes. La decisión la tomará en abril y puede derivar en sanciones comerciales. Sería un atajo para reponer la política de aranceles de Trump que volteó la Corte Suprema estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos decidió investigar a 60 países, entre ellos Argentina, para determinar si la falta de controles a las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso “son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense”, en lo que se estima es un atajo para reponer la política de aranceles del presidente Donald Trump.
“El Representante Comercial de Estados Unidos inició investigaciones sobre 60 economías en virtud del artículo 301(b) de la Ley de Comercio de 1974. Las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías, relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense”, informó la oficina de prensa.
La lista de economías sujetas a estas investigaciones incluye a 60 de los principales socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos además de Argentina, los socios en el NAFTA, Canadá y México, los países de la Unión Europea, Rusia, China, Japón, Brasil, India y Gran Bretaña.
Al repasar la lista, están todos los países castigados por la política arancelaria del presidente Donald Trump aunque no identifica ningún producto o país en el que se produzcan bajo las prácticas de trabajo forzoso. La amplia definición de trabajo forzado en el sector privado deja expuesto a sanciones a todos los países, tanto al que se acuse de permitir estas prácticas como al que acepte importar esos productos.
El presidente Trump aplicó una política arancelaria de coerción comercial, diseñada para reducir déficits comerciales y recuperar las cadenas de producción mediante impuestos a la importación, pero el mes pasado la Corte Suprema del país dictaminó, con un voto de 6 a 3, que eran ilegales y excedían la autoridad presidencial. El tribunal determinó que el Congreso tiene la exclusividad para imponer impuestos y que la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional utilizada no justificaba medidas arancelarias unilaterales.
Los detalles de la investigación que abrirá Estados Unidos
“A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni aplicar eficazmente medidas que prohíban la entrada a sus mercados de bienes producidos con trabajo forzoso”, dijo el comunicado oficial del Representante Comercial de EEUU.
“Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial derivada del flagelo del trabajo forzoso”, declaró el secretario de Comercio, Jamieson Lee Greer. “Estas investigaciones determinarán si los gobiernos extranjeros han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y cómo el hecho de no erradicar estas prácticas abominables afecta a los trabajadores y las empresas estadounidenses”, aseguró.
La legislación citada, Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tiene como objetivo abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense y la aplican para “responder a prácticas gubernamentales extranjeras injustificables, irrazonables o discriminatorias que perjudiquen o restrinjan el comercio estadounidense”.
La oficina de Greer envió comunicaciones a los países para que presenten comentarios por escrito, solicitudes para comparecer en la audiencia y un resumen de su testimonio antes del 15 de abril de 2026 para la audiencia que se realizará el 28 de abril próximo.
El gobierno de Trump sostuvo en el informe que abre la investigación que “poner fin al trabajo forzoso es una prioridad clave y un imperativo económico y de seguridad nacional para Estados Unidos” y define al trabajo forzoso como “el trabajo o servicio extraído de una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.
También cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estima que 3,5 de cada 1000 personas, es decir, 28 millones a nivel mundial, se encuentran en situación de trabajo forzoso y que entre 2016 y 2021 aumentó en 2,7 millones que “se debió exclusivamente al trabajo forzoso en el sector privado”.
“Las empresas que utilizan trabajo forzoso incurren en costos laborales artificialmente bajos y, como resultado, pueden vender sus productos a un precio inferior al que tendrían de otro modo”, dice la Oficina Comercial y recuerda que el informe de la OIT estimó que en 2024 los beneficios derivados del trabajo forzoso en la economía privada mundial ascendieron a aproximadamente 63.900 millones de dólares anuales, con unos beneficios anuales por víctima de 2.113 dólares en el sector agrícola y de 4.994 dólares en el sector industrial.
El Destape