En el último tramo de su alegato, la fiscalía consideró que existió un plan para entorpecer la causa principal con el objetivo de beneficiar al por entonces titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza. Además, requirió que se decomisen los 50 mil dólares que formaron parte de la maniobra y que fueron secuestrados en el estudio jurídico de uno de los implicados. El debate continuará el próximo 26 de marzo.
El fiscal titular de la Fiscalía General N° 8 ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal, Marcelo Colombo, y la auxiliar fiscal Agustina D’Angelo, solicitaron hasta 5 años de prisión para los tres implicados en la maniobra que buscó entorpecer y manipular el proceso judicial que investigaba el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010.
Al momento de solicitar las condenas para los involucrados, la fiscalía tuvo en cuenta la gravedad “institucional y social” de los hechos investigados. “Había familias que estaban esperando por el castigo penal a los responsables pero que tuvieron que enterarse que había operadores realizando todas sus trampas y trucos”, remarcó.
De esta forma, le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°8 que condene al abogado y exmagistrado penal, Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, a cinco de años de prisión y que le fije una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública por ser coautor del delito de tráfico de influencias agravado y por su rol de partícipe necesario en una situación de cohecho pasivo.
Con respecto al exfuncionario judicial, Luis Ameghino Escobar, quien fue integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal, los representantes del MPF requirieron 4 años de prisión por los mismos delitos. Para ambos, solicitaron que se les fije la obligación de presentarse periódicamente en el tribunal y que no tengan permitida la salida del país, ya que consideraron que el pedido de una pena de cumplimiento efectivo aumenta los riesgos procesales.
En relación al exvicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini, el MPF pidió una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación especial por dos hechos de cohecho activo, uno de ellos agravado. Por último, requirió la absolución de la exdirectora suplente de Belgrano Cargas SA, Susana Rita Planas, por prescripción.
Como parte del petitorio, se le solicitó al juez Nicolás Toselli y a las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez que ordenen el decomiso de los 50 mil dólares que fueron secuestrados en el estudio de Aráoz de Lamadrid al considerar que no solo fueron el “instrumento” del delito sino también un derivado de la ganancia de la maniobra.
Además, los representantes del MPF le comunicaron al tribunal que denunciarán a los dos hermanos del abogado por falso testimonio por ser mendaces en sus declaraciones. Si bien fueron advertidos al respecto de la prohibición de declarar en contra, desde la fiscalía afirmaron que eso no los habilitaba a mentir. “Es una afectación a la justicia venir a decir una mentira, debe investigarse como un nuevo intento de entorpecimiento”, consideraron.
La maniobra
Durante la primera audiencia de alegato, el fiscal Colombo sostuvo que, a partir del homicidio de Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en una manifestación de un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados, comenzaron una sucesión de maniobras para garantizar la impunidad del por entonces titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza y del resto de los implicados en el caso. La fiscalía señaló que “hubo un pacto previo entre las personas implicadas, quienes desarrollaron una serie de acciones escalonadas tendientes a lograr la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Mariano Ferreyra”.
Cabe recordar que, en noviembre de 2010, fueron procesados varios de los implicados en la causa principal y, a fines de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión y rechazó las excarcelaciones. Al mismo tiempo, comenzaron los movimientos, las llamadas y los encuentros principalmente entre Aráoz de Lamadrid y el fallecido Riquelme, pero también con Stafforini. Allí marcó que el objetivo del plan trazado consistía en influir en los jueces de la Cámara de Casación, principalmente en Eduardo Riggi y, a través de él, en los otros integrantes de la sala III.
“Estamos ante un caso que tiene prueba irrefutable y que fue orquestado por tres personas para ejercer influencia en el tribunal penal del país”, sostuvo en relación a Aráoz de Lamadrid, el exagente de la Secretaría de Inteligencia (ahora SIDE) Juan José Riquelme y Pedraza. Los dos últimos estaban imputados pero fallecieron antes de que que comience el debate.
Para la fiscalía, el acuerdo ilegal se completó con la participación de Ameghino Escobar a través de la manipulación del sorteo de cámara y con Stafforini encargándose de los pagos al abogado y exjuez. En ese sentido, hizo foco en que Aráoz de Lamadrid cobró dinero de la Unión Ferroviaria a través de facturas adulteradas por servicios que nunca ocurrieron.
Durante la tercera audiencia de alegato, el fiscal Colombo mencionó que la manipulación del sorteo es algo que figura desde las primeras conversaciones que Aráoz de Lamadrid mantuvo con Riquelme. “Las manipulaciones, las ofertas de interferencias y las visitas forman parte del mismo plan y están abarcados por esa misma voluntad final: llegar a la sala III”, recalcó.
Tráfico de influencias y cohecho
“Se trata de una figura penal de pura actividad, no necesita la realización del resultado sino la realización de alguna de las acciones como puede ser la promesa o recepción de dinero”, indicó al respecto de lo establecido en el artículo 256 bis del Código Penal.
En el caso, consideró que quedó “ absolutamente manifestado” que el dinero que se le dio a Aráoz de Lamadrid tuvo que ver con la idea de influenciar al por entonces juez de la Casación Riggi. Allí, enumeró una serie de conversaciones entre imputados donde todos acuerdan, expresan y hasta dejan claro el objetivo era llegar al magistrado. A ello le sumó que se comprobó la manipulación del sorteo: “salió la sala del chief (jefe)”, le escribió Ameghino Escobar a Araoz de Lamadrid luego de haber logrado que la causa por el homicidio de Ferreyra quedara asentada en la sala III.
Descartó la postura de las defensas al respecto de que, en todo caso, el caso podría ser catalogado de estafa. “Si fuera una estafa, la víctima de todo sería Pedraza. Toda la maniobra fue obra suya, ¿en serio van a decir que fue la víctima?, se preguntó el fiscal.
Por otra parte, consideró que Stafforini fue parte sustancial de la puesta en circulación de la factura a Aráoz de Lamadrid que pretendió formalizar la promesa de pago para las irregularidades que vendrían luego. Además, afirmó que sabía del dinero que ya había recibido el abogado en diciembre, por lo que no solo participó de la entrega de los 50 mil dólares de febrero de 2011. “No hay dudas de que aporta al plan de interferencia legal, la idea es que se detenga el caso”, indicó.
“El señor de las teclas” es el apodo con el que los imputados se referían a Ameghino Escobar, otro punto clave del plan para la fiscalía. “Vimos que hizo todo lo que no corresponde cuando le llegó el expediente”, señaló el fiscal. Al mismo tiempo, dejó en claro que estaba al tanto de lo que Aráoz de Lamadrid estaba realizando y que dicha actuación le valió la cesantía.
En relación a Planas, consideró que de acuerdo a las evidencias, no se la podía señalar como una participante necesaria de la maniobra sino que aparece hacia el final de la situación. Marcó que no hubo referencias a ellas en las conversaciones y que su participación fue secundaria, por lo que la acción contra ella ya se encontraba prescripta.
Los agravantes
Para el MPF, debía tenerse en cuenta la extensión del plan en el tiempo, ya que el día después del homicidio de Mariano Ferreyra ya se detectaron conversaciones con Araoz de Lamadrid, para que se encargara de planear “la estrategia ilegal”.
Además, sostuvo que la cantidad de personas intervinientes en la maniobra “daba la pauta de la capacidad ofensiva” que tenían. “De no haberse detectado, hubiesen llegado a ejercer el plan”, recalcó y aseguró que el hecho “tiene mucha gravedad porque la influencia se intentó realizar sobre miembros del Poder Judicial”.
“Sabían de lo que estaban participando, ninguno lo hizo por falta de sustento sino que tenía por finalidad la protección de Pedraza en términos procesales y empresariales”, concluyó.