En declaraciones a CIUDAD TV, el diputado provincial Rubén Guillón, repasó el estado de situación de la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios del Estado chaqueño. También se refirió al proyecto oficial para restringir las licencias gremiales.
La ley de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de la provincia del Chaco tiene historia larga. Su proyecto data del año 2013, y fueron necesarios diez años de búsqueda de consensos para que finalmente fuera aprobada a fines de noviembre del año pasado. El 10 de diciembre fue promulgada por el gobernador Leandro Zdero y el 17 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial. El diputado Rubén Guillón, uno de sus principales impulsores, ya se sometía voluntariamente a estos estudios —conocidos como rinoscopia— desde antes de que existiera la norma.
“Año tras año fui sometiéndome a estos estudios para acompañar y ser coherente, para reforzar la necesidad de dar respuesta a esta demanda moral que tenemos la dirigencia para con el pueblo del Chaco”, explicó el legislador. La norma establece la obligatoriedad de someterse a controles toxicológicos para los tres poderes del Estado: los 32 diputados del Poder Legislativo, el gobernador y toda la cadena de funcionarios del Ejecutivo hasta el último subsecretario, y el Poder Judicial desde el primer juez hasta el último fiscal en ejercicio.
Guillón fue claro respecto de los fundamentos de la ley: no se trata de juzgar las decisiones personales de nadie, sino de proteger el ejercicio de la función pública. “Personalmente no tengo objeción con quien decide consumir en su derecho individual algún tipo de sustancia, pero nuestra preocupación es la necesidad de resguardar la función pública. Cuando trabajamos en ella, estamos legislando para un pueblo, estamos dictando justicia para una persona, para un sector”, sostuvo. Y fue más lejos: “No me imagino a un fiscal dictando algún tipo de medida judicial consumiendo sustancias. No me imagino a un diputado consumiendo sustancias, lo cual implica que no estará en su plena salud mental.”
En cuanto a los alcances de los controles, el diputado precisó que lo que se busca es descartar el consumo de sustancias psicoactivas que puedan comprometer las condiciones del funcionario para ejercer su cargo. Sin embargo, aclaró que la ley contempla excepciones para quienes deban consumir determinadas sustancias por prescripción médica, como el aceite de cannabis. “Son casos debidamente considerados y exceptuados. Con el certificado médico correspondiente, y siendo temas legalmente habilitados, no hay objeción”, indicó.
Sin embargo, la implementación práctica de la norma enfrenta obstáculos. Al momento de la entrevista, Guillón intentaba realizarse el examen en el Laboratorio Central provincial, pero fue informado de que no podría hacerlo por dificultades con los reactivos. Además, funcionarios y concejales del interior de la provincia plantearon que el traslado hasta Resistencia representa una carga considerable. Para resolver esto, el diputado presentó junto al vicepresidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, el diputado Salom, un proyecto de modificación que permitiría realizar los estudios también en laboratorios privados habilitados legalmente y matriculados en el Colegio de Bioquímicos del Chaco. La iniciativa ingresó a la Cámara el martes y aún no fue aprobada, aunque Guillón señaló que existe compromiso para avanzar en la comisión de salud.
El legislador también subrayó que la ley incluye una dimensión de acompañamiento: prevé herramientas para la recuperación de aquellos funcionarios que, por diversas circunstancias, atraviesen situaciones vinculadas al consumo. “Queremos ratificar nuestro compromiso de que si algún funcionario cae en desgracia, la ley tiene la previsión de brindarle herramientas para posibilitar su recuperación”, afirmó.
El trasfondo de la ley, según Guillón, es el avance del narcotráfico en la provincia. “En los barrios y en los pueblos nos conocemos todos. Sabemos dónde se vende, sabemos quién vende. El que consume está metido en todo lo que sea ese mundo, que también implica que si hay consumidor hay proveedor, y si hay proveedor hay distribución”, señaló. Y añadió: “Un juez, un fiscal tiene la función de repeler, identificar y bloquear el avance del consumo y también de la venta. Necesitamos hacernos carne de que este mundo de la droga no se detiene.”
Al cierre de la entrevista, Guillón fue consultado sobre el proyecto de licencias gremiales que ingresó formalmente a la Legislatura. El legislador se mostró prudente: señaló que el tema generará debate y consideró que lo correcto es invitar a los gremios y referentes sindicales a participar del proceso antes de tomar definiciones. “Lo peor que puede suceder es que se esté legislando respecto de derechos y atribuciones del mundo sindical en ausencia de ellos. Lo aconsejable es que sean protagonistas, que conozcan el proyecto, que hagan su descargo y emitan su parecer. A partir de allí, cada uno irá formulando su posición”, concluyó.