El fiscal José Agüero Iturbe pidió revocar el cierre de la causa que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti.
La decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 50.000 millones de dólares deberá ser revisada por la Cámara Federal. Esto es así porque el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, pidió revocarla en respaldo al planteo de su colega de primera instancia, Franco Picardi. Este último sostuvo que la magistrada había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas así como del marco regulatorio” que, evaluó, no se respetó al contraer “una deuda insostenible”, la “más grande de nuestra historia” y del propio organismo de crédito que tuvo como contrapartida un proceso de fuga de capitales.
Agüero Iturbe se remitió días atrás a lo que había planteado Picardi y lo hizo propio: “En el escrito impugnatorio se ha detallado acabadamente las conductas desplegadas, la participación de quienes considera responsables en el suceso investigado, como así también las pruebas que considera acreditan los hechos denunciados…”. En el dictamen de 85 páginas que presentó la primera semana de febrero, tres días después de que Capuchetti dio por cerrado el caso, el fiscal de instrucción especificó que entre los imputados no sólo estaba el expresidente Macri sino –entre otros— tres funcionarios del actual Gobierno, que son Luis Caputo, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La jueza, el gobierno, la cámara
La causa judicial se había iniciado tras el primer acuerdo con el FMI del macrismo, firmado en junio de 2018, y la jueza se tomó todos estos años para decir que era una cuestión “no judiciable” (es decir, una decisión de política económica). En forma genérica, descartó el desvío o apropiación indebida de fondos. En forma sincronizada con el fallo, el Gobierno retiró su querella del caso, que era llevada adelante por la Procuración General del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.
Aunque el expediente se quedó sin esa querella estatal cuenta con el impulso de la fiscalía, que en todos estos años avanzó en la investigación y mostró que el propio Banco Central y los organismos de control (Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación) habían alertado sobre el incumplimiento de las normas administrativas.
En ese plano, además de la falta de aprobación por parte del Congreso (algo previsto en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución), quedó claro que el trámite interno había sido posterior a la consumación del acuerdo, que no había dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y autorización de jefatura de gabinete para las negociaciones, tampoco informe del BCRA sobre la viabilidad jurídica ni firma del ministerio de Finanzas. La jueza, sin embargo, dijo que no hacía falta la instancia parlamentaria y que bastaba con los pasos administrativos dados.
Ahora deberá revisar la causa la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los dos jueces nombrados sin concurso por Macri (Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados desde un tribunal oral) y un tercero designado por el mismo gobierno, y que sí dio examen, Mariano Llorens.
Picardi categórico
El fiscal Picardi había cuestionado la decisión de la jueza en duros términos al apelar. Dijo que ella había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas” para dar por terminada la causa. Planteó también que la decisión de Capuchetti fue “prematura”, porque quedan aspectos por profundizar en base a pruebas que ella omitió, y “vulnera el principio acusatorio”, porque omitió parte de la hipótesis criminal planteada por la fiscalía frente a hechos de “una gran relevancia institucional y trascendencia comunitaria”.
La fiscalía detalló:
*Que el gobierno de Macri contrajo “una deuda estatal insostenible, que sabían de imposible repago, por la suma de 57.100 millones de dólares (USD 57.100.000.000), vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público”.
*La administración de Cambiemos esgrimió “argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas”. Se destinaron “de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”. Los objetivos exhibidos eran “reducir la deuda pública, bajar la inflación a un dígito, restaurar la confianza en el mercado, proteger a los sectores vulnerables, crear puestos de trabajo, disminuir la pobreza y elevar el estándar de vida de la población, entre otros”. Pero las “sumas obtenidas” “no fueron utilizadas para cumplir con estos propósitos” ya que “a través de disposiciones del Ministerio de Hacienda y del BCRA vinculadas a instrumentos de política monetaria y cambiaria, se destinaron a la profundización de transferencias de capitales desde el Estado hacia un sector privado concentrado desde el cual se intensificó la masiva salida de divisas fuera del circuito financiero nacional”.
*Todo esto incluiría, dijo Picardi, posibles “beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros” o “la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”. Se habría administrado “de manera discrecional y/o fraudulenta parte de las divisas obtenidas, imposibilitando su control transparente y su trazabilidad”.
*“Como producto de este esquema defraudatorio, la República Argentina quedó posicionada como el principal deudor mundial ante el FMI, ya que la deuda tomada no solo fue la más grande de nuestra historia nacional, sino también del propio organismo internacional”, dice el dictamen. Recuerda que el primer préstamo acordado fue de 50.000 millones a ser pagados en 36 meses y cuatro meses después el FMI aprobó una ampliación de 7.100 millones de dólares. El monto total “superaba las reservas disponibles en el país” por entonces.
Picardi había concluido que “como consecuencia directa de todo este accionar, los/as funcionarios/as públicos/as a cargo del proceso descrito ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio público cuantificado en 29.618 millones de dólares (USD 29.618.000.000) por la Sindicatura General de la Nación”. Agregaba que hubo “otros daños de compleja estimación patrimonial, entre otras cosas, como consecuencia de los efectos del endeudamiento tomado y sus consecuencias”. Argumentaba que todo esto surgía de: las cartas de intención; los informes técnicos del FMI hacia la Argentina; los informes remitidos por el BCRA; la documentación remitida por el Ministerio de Economía de la Nación; los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN); los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”. “Todo esto fue deliberadamente ignorado por la señora jueza al momento de archivar las actuaciones”, subrayó.
Además de Macri, Caputo, Sturzenegger y Sandleris (estos tres últimos como extitulares del BCRA), están imputados el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, varios exfuncionarios de BCRA que integraron el Comité de Política Monetaria de la entidad.
Página/12