La Fiscalía Federal de Resistencia pidió la citación a indagatoria de cuatro exintegrantes del Ejército y la Policía del Chaco por las desapariciones de tres militantes en 1976. También avanza la investigación por la masacre de Zapallar contra el pueblo mocoví.
La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó el viernes pasado a la jueza federal N° 1, Zunilda Niremperger, la citación a indagatoria de los exoficiales del Ejército Aldo Héctor Martínez Segón y Luis Alberto Patetta, y de los expolicías del Chaco José Francisco Rodríguez Valiente y Gabino Manader.
El requerimiento es por las privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y desaparición forzada de Raúl María Caire, Hegilberto Ricardo Nadalich y Raúl Antonio Méndez, secuestrados en noviembre de 1976.
En declaraciones a CIUDAD TV, el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos, Diego Vigay, explicó que se trata de “casos pendientes” en los que durante años no se había alcanzado el nivel de certeza necesario para avanzar hacia indagatorias.
La investigación fue delegada a la Fiscalía en julio del año pasado. Desde entonces, se tomaron declaraciones testimoniales a familiares, exdetenidos políticos, periodistas e investigadores, y se sistematizó documentación histórica, denuncias ante la CONADEP y constancias judiciales de la época.
En el caso de Raúl María Caire, se reconstruyó que fue secuestrado el 2 de noviembre de 1976 en Resistencia junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. Fue visto en un centro clandestino que funcionaba en un edificio contiguo a la Jefatura de Policía, y posteriormente habría sido trasladado a Entre Ríos. También fue observado con vida el día previo a la Masacre de Margarita Belén, aunque su nombre no figura en el listado oficial de víctimas.
Su esposa permaneció detenida junto a sus hijos durante un mes y medio en la Brigada de Investigaciones, en condiciones infrahumanas. Según la reconstrucción fiscal, fue sometida a torturas, y los niños sufrieron graves consecuencias de salud por la falta de higiene, alimentación y asistencia médica.
En cuanto a Méndez y Nadalich, ambos fueron secuestrados días después y vistos con vida en la Brigada de Investigaciones. Testimonios incorporados a la causa dan cuenta de sesiones de tortura sistemáticas y un rápido deterioro físico de las víctimas.
Los cuatro imputados señalados por la Fiscalía integraban el grupo de tareas que operaba en ese centro clandestino y habrían participado tanto en los operativos de secuestro como en la aplicación de tormentos.
Participación de las familias y expectativa de resolución
Vigay destacó el rol activo de las familias, que declararon desde distintas provincias —entre ellas Tucumán y Entre Ríos— y colaboraron en reconocimientos fotográficos que resultaron determinantes.
En diciembre, la Fiscalía presentó un requerimiento de instrucción con un amplio cúmulo probatorio. El juzgado analizó la documentación y solicitó que se formalizara el pedido de indagatorias, que ahora deberá resolver la jueza Niremperger.
“Tenemos la expectativa, por el trabajo realizado y el nivel de certeza alcanzado, de que las indagatorias puedan concretarse en los próximos días”, señaló el fiscal.
Avances en la causa por la masacre de Zapallar
En la misma entrevista, Vigay se refirió a la investigación por la masacre de Zapallar, ocurrida el 9 de septiembre de 1933 contra integrantes del pueblo mocoví.
El hecho —que dejó entre 30 y 50 víctimas, entre ellas mujeres, niños y ancianos— ocurrió cuando una columna de unas 300 personas se dirigía hacia la localidad que hoy es General San Martín en reclamo de alimentos y trabajo, en un contexto de extrema sequía. Según la reconstrucción histórica, un retén policial abrió fuego contra la movilización.
La Fiscalía trabaja en la recolección de testimonios de descendientes de sobrevivientes y prevé realizar en abril una jornada de declaraciones con registro audiovisual, con la colaboración de la Universidad Nacional del Nordeste, con miras a solicitar una sentencia por el derecho a la verdad, en línea con el antecedente de la Masacre de Napalpí.