diputada provincial Analía Flores realizó un duro análisis de la gestión y afirmó que, “bajo el discurso de la transparencia y el orden, se consolidó un modelo de ajuste que recae sobre los trabajadores y debilita la institucionalidad”.
En relación con el sector docente, sostuvo que el Ejecutivo provincial pasó de respetar la cláusula gatillo a pausarla por tiempo indeterminado. “Desde abril se dejó sin efecto la actualización automática, se quitó el incentivo docente, se recortó conectividad y no se compensó la eliminación nacional del FONID. Mientras el discurso oficial habla de salarios por encima de la inflación, la realidad es una pérdida sostenida del poder adquisitivo”, remarcó.
Asimismo, señaló que desde el Bloque legislativo del Partido Justicialista ratificaron su compromiso con la defensa de la cláusula gatillo, en línea con la historia de lucha de la docencia chaqueña. “Frente a la negativa del Ejecutivo a dialogar y recomponer salarios, asumimos la responsabilidad en diálogo con el sector desde el año pasado de sostener ese derecho”, afirmó.
Flores advirtió que la situación se agrava por la ausencia de negociación real. “No hubo convocatoria formal a paritarias en lo que va del año y los aumentos se definieron por decreto bajo el argumento del orden administrativo. Eso no es diálogo, es unilateralidad”, expresó.
También cuestionó la falta de respuestas a los pedidos de informe presentados desde la Cámara de Diputados sobre comedores escolares y programas socioeducativos. “No contestar esos requerimientos contradice la transparencia que el propio Ejecutivo invoca. La rendición de cuentas es una obligación constitucional”, sostuvo.
En relación con la reforma laboral y la declaración de la educación como servicio esencial, la legisladora cuestionó la incoherencia del PRO y La Libertad Avanza, cuyos representantes votan en el Congreso una reforma que recorta derechos y presupuesto, pero luego no explican el impacto de esos ajustes en las políticas socioeducativas clave para sostener la permanencia y el egreso escolar. Advirtió además que, mientras la Nación proyecta invertir menos del 1% del PBI en educación y varias provincias reducen su gasto real en el área, se consolida un modelo de ajuste que amplía la brecha entre el discurso oficial de transparencia y lo que efectivamente se ejecuta, afectando de manera directa la calidad educativa.
“La educación pública es un derecho social garantizado y por las leyes nacional y provincial de educación en consonancia con la Constitución provincial. No puede ser la variable de ajuste ni el escenario de disputas políticas. Gobernar con firmeza no significa gobernar sin diálogo, y hablar de transparencia exige aceptar los controles institucionales”, concluyó.