Si el Gobierno insiste en desconocer la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso, el crédito 2026 consolidaría el mayor recorte reciente y llevaría el financiamiento a niveles de hace dos décadas atrás.
Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, las universidades nacionales enfrentan, una vez más, un escenario crítico. El gobierno de Javier Milei continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, lo que anticipa una nueva caída real de los recursos.
En concreto, de continuar el ajuste, el Presupuesto universitario se ubicaría este año 40% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales, profundizando el recorte que de lo que va de la gestión libertaria. Así las cosas, el financiamiento quedaría en niveles equivalentes a los registrados entre 2006 y 2007, lo que implica un retroceso de dos décadas en materia presupuestaria.
El recorte previsto no tiene antecedentes recientes y se explica, en gran medida, por el deterioro de los salarios docentes y nodocentes, que concentran más del 86% del ajuste aplicado. En este contexto, desde el Consejo Interuniversitario Nacional volvieron a reclamar el inmediato cumplimiento de la Ley vigente y rechazaron el nuevo proyecto impulsado por el oficialismo para modificarla.
Las autoridades universitarias advirtieron que no se trata únicamente de la discusión presupuestaria, sino de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades académicas y científicas en todo el país.
En relación, la diferencia entre la aplicación plena de la ley y la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo es sustantiva: mientras que la norma vigente permitiría recomponer los salarios a niveles de 2023, la propuesta oficial consolida la pérdida acumulada en estos años y habilita un esquema de actualización que ni siquiera lograría resguardar el ya deteriorado poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para este año.
Financiamiento: retroceder dos décadas
El financiamiento universitario viene en caída libre en el marco del brutal ajuste fiscal que implemeta el oficialismo. Ante este contexto, el Congreso aprobó – e insistió después del veto presidencial – la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, con el objetivo de recomponer el golpeado presupuesto y los salarios.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei se niega desde hace cuatro meses a cumplir esa norma – apeló la medida cautelar que ordenó a fin de año su cumplimiento – y hasta presentó ahora otro proyecto que reformula la ley vigente.
En términos generales, el nuevo texto no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023-2024, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación este año, y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento.
De continuar este escenario, las consecuencias serían alarmantes para la educación nacional: el Presupuesto universitario 2026 se ubicará 39% por debajo de 2023 en términos reales (considerando el efecto de la inflación) y, de esa manera, volverá a los niveles registrados hace dos décadas atrás, consolidando el ajuste que marcaron estos dos años de gestión libertaria.
En esa línea, tras una caída real del presupuesto del 25% en 2024 y del 5,2% en 2025, las perspectivas para el Ejercicio del año en curso están lejos de ser auspiciosas. Si se toma la inflación proyectada en la Ley de Presupuesto Nacional 2026, el crédito asignado para la universidad se ubica 32% por debajo del nivel de 2023 pero si se contrasta con la inflación pronosticada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM-Banco Central), la contracción escala al 39%.
En ambos casos “el presupuesto previsto no resulta suficiente para recomponer los salarios docentes ni para revertir la pérdida acumulada en los últimos dos años. Más aún, cualquiera sea el supuesto inflacionario adoptado, la transferencia del Gobierno Nacional al sistema universitario se retrotrae a niveles equivalentes a 2006–2007, consolidando así un retroceso de casi dos décadas en materia presupuestaria”, señaló un informe elaborado por el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN).
En términos agregados, para cumplir con los puntos de la ley, el Gobierno debería incrementar las partidas destinadas a salarios, gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas Progresar en al menos $3,1 billones, lo que en términos fiscales equivale a poco más del 2,0% del Presupuesto total aprobado para 2026.
“El salario docente universitario registraba a diciembre de 2025 una pérdida del 31% respecto de noviembre de 2023. De cumplirse la trayectoria inflacionaria proyectada por el REM, esa pérdida podría ampliarse en aproximadamente 6 puntos porcentuales adicionales, consolidando una reducción cercana al 37% frente al nivel previo a diciembre de 2023”, alertaron los especialistas.
Si bien el nuevo proyecto oficial se compromete a convocar a paritaria nacional dentro del mes siguiente a la sanción de la ley, no establece la obligación de garantizar que las actualizaciones salariales resulten, como mínimo, equivalentes a la inflación del período. De hecho, en contraste con la ley actual que obliga al gobierno a adicionar más de $2,7 billones a las partidas salariales (+63,7%) al Presupuesto 2026, el proyecto del oficialismo reduce dicha suma a $187.744 (4,3%). Esto implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública.
El Destape