En la última audiencia la firma admitió que no consiguió interesados y el único anotado no presentó oferta. Los números ya muestran una operación prácticamente inexistente.
La crisis de Garbarino parece ya no tener punto de retorno en medio de su concurso de acreedores. Más concretamente, en la audiencia informativa realizada el 24 de febrero pasado, la compañía reconoció ante el tribunal que no logró atraer inversores para sostener el salvataje judicial, mientras que la única sociedad externa que se había inscripto en el proceso tampoco presentó una propuesta formal. El dato dejó al expediente en una situación límite y con un horizonte cada vez más cercano a la resolución definitiva.
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, quien había habilitado el procedimiento de cramdown para permitir que terceros formularan ofertas y evitar la quiebra. Sin embargo, ese mecanismo, considerado la última instancia antes de la liquidació, quedó virtualmente desierto: la propia concursada y la firma Vlinder S.A. eran los únicos inscriptos, pero ninguno acercó una propuesta concreta.
El resultado implica que el proceso dejó de depender de una negociación empresarial para pasar a ser una definición estrictamente judicial. En términos técnicos, el salvataje perdió sustento real.
Una estructura sin actividad real
El cuadro financiero presentado en el último informe de sindicatura refuerza esa conclusión. Durante enero de 2026, la empresa registró ventas totales por apenas $1,7 millones, no realizó compras de mercadería y mantuvo cerrado su canal online. El stock disponible ronda las 1.600 unidades, en su mayoría productos desactualizados o de escasa rotación, lo que reduce su valor comercial efectivo.
La operación minorista también refleja el vaciamiento. Solo continúan abiertos tres locales (Belgrano, calle Uruguay y un outlet en Almagro) y uno de ellos funciona de manera intermitente debido a la falta de pago salarial al responsable del punto de venta. La dotación se ubica actualmente en 18 empleados, cifra que contrasta con los más de 5.000 trabajadores que llegó a tener la compañía en su etapa de mayor expansión nacional.
El dato más crítico surge del estado de liquidez. La concursada declaró disponibilidades en efectivo equivalentes a cero, mientras que una de sus cuentas bancarias cerró el período con saldo negativo. A eso se suma un pasivo postconcursal significativo: obligaciones impositivas cercanas a los $640 millones, compromisos laborales y previsionales por más de $2.400 millones y deudas por servicios y honorarios que superan los $280 millones. En conjunto, esos montos configuran una estructura patrimonial que excede ampliamente la escala actual de actividad y que, según fuentes del proceso, dificulta cualquier escenario de continuidad operativa.
De gigante del retail a activo marcario
El contraste con su historia es abrupto. Fundada en 1951, la cadena llegó a liderar el mercado argentino de electrodomésticos con más de 300 sucursales, plantas productivas y unidades vinculadas como Compumundo. Durante años dominó cerca de un tercio del sector y se convirtió en una de las marcas comerciales más reconocidas del país.
El deterioro comenzó a acelerarse con problemas financieros acumulados, caída del consumo, cambios en los hábitos de compra y falta de financiamiento. La venta en 2020 al empresario Carlos Rosales, que se presentó como un rescate, no logró revertir la tendencia y derivó en cierres masivos de locales, reclamos laborales y una creciente deuda comercial.
Hoy, dentro del proceso concursal, el principal activo identificable es la marca, cuyo nivel de recordación todavía podría resultar atractivo para un tercero interesado en relanzarla bajo otro esquema de negocios. Pero la ausencia de oferentes concretos en la instancia de salvataje evidencia que ese valor potencial no alcanza, por ahora, para atraer capital.
Con la audiencia ya realizada y sin propuestas sobre la mesa, el expediente quedó reducido a una definición judicial. En el plano técnico, el caso refleja una empresa que dejó de operar como negocio y que solo persiste en términos formales dentro del proceso. El desenlace dependerá de la resolución que adopte el juzgado, aunque el escenario dominante entre acreedores y especialistas es que el margen para evitar la quiebra se volvió extremadamente estrecho.
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