La media sanción fue con 40 votos a favor y 31 en contra y, ahora, girará a la Cámara de Diputados. Impulsada por las provincias mineras, la iniciativa contó con el respaldo de una parte del PRO, la UCR y el peronismo. A la hora de votar, pesó más el origen provincial que el partidario.
Con 40 votos a favor y 31 en contra, el Senado aprobó una reforma de la ley de Glaciares que habilita a las provincias a reducir a piacere los cuerpos de hielo a proteger. La iniciativa gira ahora a la Cámara de Diputados, en donde se enfrentará a un escenario más hostil.
Los borradores del proyecto circularon hasta dos horas antes de la votación. Como sucedió con la reforma laboral, Patricia Bullrich negoció la letra chica del proyecto para conseguir los votos hasta último momento.
“¿Otra vez van a votar un texto sin leerlo? ¿Qué les dieron a los que los discutieron y modificaron? Es una vergüenza: estamos cambiando una de las leyes medioambientales más importantes, y lo hicieron entre cuatro paredes entre gallos y medianoche”, se quejó, al comienzo del debate, el peronista Daniel Bensusán (La Pampa), mirando la bancada de aliados radicales.
Mientras el pampeano hablaba, el texto nuevo iba circulando por el recinto. Eran modificaciones cosméticas que tenían como objetivo blindar la reforma ante una futura judicialización. Una amenaza que estaba presente en todos los discursos de los senadores que se manifestaban en contra: si la ley se aprobaba, advertían, la Justicia la frenaría por inconstitucional y regresiva.
“Es un error debilitar el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y dejar en manos de las provincias la decisión de eliminar los glaciares. Se invierte jerarquía normativa, se viola la uniformidad de la ley de presupuestos mínimos ambientales. Si este proyecto se convierte en ley va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad”, advirtió el radical Maximiliano Abad, que votó en contra de la ley al igual que la mitad de la UCR.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, deja en manos de un organismo nacional – el IANIGLA – la facultad de inventariar la cantidad de glaciares y ambientes periglaciares y establece que no se pueden realizar actividades que puedan afectar su condición natural.
El proyecto de reforma, por el contrario, invierte las responsabilidades: serán las jurisdicciones locales las que determinarán si un glaciar o zona periglaciar cumple o no con una función hídrica y si se puede, en consecuencia, realizar una actividad productiva en la zona.
El proyecto había sido impulsado por las provincias que integran la “Mesa del Cobre” –Mendoza y San Juan– y la “Mesa del Litio” –Catamarca, Salta y Jujuy–, por lo que los protagonistas del debate, más que los libertarios, fueron los senadores de provincias mineras. Eran ellos quienes exigían respetar el derecho de las provincias sobre los recursos naturales, a la espera de poder destrabar inversiones extranjeras en algunas zonas periglaciares en donde hoy la ley prohíbe la actividad minera.
“Se quiere dejar ver esta ley como que se quiere entregar la llave de los glaciares a los gobernadores. Acá en esta cámara tenemos ex gobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto. Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias?”, cuestionó Flavia Royón, senadora salteña que responde a Gustavo Sáenz y una de las principales defensoras de la reforma de la ley.
En el oficialismo, mientras tanto, optaron por respaldar los argumentos de las provincias. Algunos optaron por vuelos más poéticos. “Es una ley redactada dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo por dos chetos”, graficó el libertario Agustín Coto sobre la ley sancionada en 2010.
Provincia mata partido
No hubo bloque que no se partiera al momento de votar, a excepción de LLA. Pesó más el origen provincial del senador que su origen partidario. Aquellos que pertenecen a provincias mineras – como San Juan o Catamarca – se volcaron por unanimidad en favor de la reforma. Mientras que los originarios de provincias no beneficiadas por la ley o, incluso, afectadas directamente por ella – como el caso de La Pampa, que teme que las nuevas inversiones en Mendoza sequen el caudal del Río Colorado como ya lo hicieron con el Río Atuel – votaron en contra.
La única excepción a esta división interna fue el oficialismo. Hasta Luis Juez, que había votado a favor de la Ley de Glaciares en 2010, terminó plegándose a la disciplina partidaria y votó en contra de lo que había votado 16 años antes.
“No me arrepiento, a algunos les gusta el patrullaje pero yo tengo el cuero duro como una tortuga. En aquel momento le dije a Pino (Solanas) que había que escuchar a los gobernadores que decían que así tenían recursos para salir de la pobreza y no estar mendigando ATN”, argumentó el cordobés que se sumó hace unos días a LLA.
El peronismo, mientras tanto, se dividió a la mitad. La gran mayoría votó en contra, pero hubo fugas y no solo de parte de los tres peronistas díscolos – la jujeña Carolina Moises, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza – que rompieron con el interbloque que conduce José Mayans. La catamarqueña Lucía Corpacci – vicepresidenta del PJ Nacional y senadora muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner – y el sanjuanino Sergio Uñac también votaron a favor.
A la hora de definir el voto, la actividad productiva de la provincia de origen triunfó sobre la disciplina partidaria. “Nosotros no tenemos glaciares, si no tal vez votaba otra cosa”, ironizó un senador peronista, al finalizar la sesión.
El Diario Ar