En los estudios de CIUDAD TV, la apoderada de Unidos por Chaco, Daniela Campodónico, para dialogar sobre el protocolo vigente que implementa el Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco, un nuevo procedimiento vinculado a las afiliaciones que, desde el espacio, califican como “restrictivo para el acceso de los ciudadanos a ejercer su ciudadanía y afiliarse expresando su voluntad de hacerlo”.
Explicó que el nuevo protocolo implica que la persona cuente con correo electrónico y número de teléfono. “Nos parecería que a nadie le falta un teléfono o un correo electrónico, pero si vamos al interior de la provincia o a muchos lugares de nuestro país o a los márgenes de nuestra ciudad vamos a encontrarnos con la realidad de cómo se está viviendo porque muchas familias no tienen un teléfono, un correo electrónico y que ni siquiera saben qué es un correo electrónico”, advirtió.
Remarcó que este faltante “no puede ser una barrera para ejercer su derecho ciudadano de ser parte de un partido político. Nos parece grave que esté tan escindido nuestro sistema electoral de las realidades que vive nuestro territorio”.
También cuestionó la posibilidad de carga si un teléfono celular ya fue registrado por otra persona, teniendo en cuenta que “muchas familias utilizan un solo teléfono y, a veces, sin acceso a internet. Tenemos sectores de nuestra provincia completamente cercados y en una brecha tecnológica enorme que nuestras autoridades no desconocen”.
Reflexionó entonces sobre la finalidad del protocolo y sobre si es “tener ciudadanos de primera y de segunda” o si “hay un interés de que los partidos más pequeños, con menos volumen de afiliados no tengan tanto a acceso ala representación política que es lo que también nos preocupa”.
“Ojalá haya vuelta atrás”, sostuvo Campodónico y comentó que luego de reuniones mantenidas entre sectores por fuera de las grandes estructuras partidarias, pidieron una audiencia con el juez Víctor del Río, quien preside en este periodo el Tribunal Electoral para abordar esta resolución.
“Nos parece anticonstitucional, restrictivo, violatorio del derecho que tiene las personas de resguardar sus datos privados. ¿Qué van a hacer con esos datos, con el mail o el teléfono de las personas?. Y me hago todas estas preguntas como ciudadana, más que como responsable de partido. Me preocupa que un sector tan importante como la Justicia Electoral no haya analizado con los partidos el alcance que tendría esta situación”, apuntó.