El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo 149 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID y otros bloques provinciales. Este jueves el Senado deberá definir si convierte en ley el proyecto que ya tiene media sanción. La discusión no es menor, y las encuestas marcan un contundente apoyo hacia la aprobación de esta ley.
Por Juan José Bergia*
La pregunta de fondo no es exclusivamente jurídica. Es política, social y cultural:
¿Qué nos está pasando como sociedad que el eje del debate público se centra en bajar la edad para encarcelar adolescentes y no en fortalecer la educación, mejorar los salarios de médicos, ampliar centros deportivos o implementar políticas de prevención temprana?
En una Argentina atravesada por un clima de individualismo y evidente desgaste institucional, el dolor de las víctimas de delitos cometidos por menores de edad aparece como el principal fundamento para apoyar la baja de imputabilidad.
La otra cara del debate
Especialistas en materia penal juvenil coinciden en que cualquier modificación del régimen debería ir acompañada de: políticas de prevención temprana, sistemas de responsabilidad juvenil especializados, programas reales y sostenidos de reinserción, un Estado presente antes del delito, no solamente después.
Las estadísticas disponibles muestran que la conflictividad penal juvenil no tiene la representatividad suficiente como para explicar los índices generales de inseguridad. Sin embargo, el tema ocupa titulares, trending topics y discusiones simplificadas en redes sociales.
Al mismo tiempo, el sistema carcelario argentino presenta graves falencias estructurales: condiciones edilicias deficientes y altos índices de reincidencia, volvemos a preguntarnos: ¿Incorporar más adolescentes a un sistema que ya presenta graves falencias estructurales contribuirá a disminuir el delito o terminará profundizando los factores que lo reproducen?
Uno de los argumentos más repetidos sostiene que la reforma busca “salvaguardar el futuro de los propios adolescentes”. Sin embargo, no existe evidencia contundente que demuestre que el castigo temprano, la persecución penal o la privación de libertad tengan un impacto positivo en la subjetividad ni en la trayectoria vital de quienes atraviesan esas experiencias.
La lectura del proyecto expone una tensión constante: un discurso que invoca la protección de la niñez, pero un diseño normativo que prioriza herramientas punitivas por sobre dispositivos de acompañamiento.
Esto no implica negar la responsabilidad adolescente frente a conductas graves. En determinados casos, la reprochabilidad de los actos debe ser asumida, pero los problemas sociales complejos difícilmente encuentren solución en respuestas exclusivamente penales.Los problemas sociales requieren políticas sociales, atención, cuidado y prevención.
La dimensión simbólica del debate
“El que las hace, las paga” es la consigna que resume el espíritu de la reforma.
Sin embargo, en una Argentina atravesada por reiterados casos de corrupción, estafas millonarias y desvíos de fondos públicos, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Realmente el que las hace, las paga?
El debate parece dispuesto a hacer pagar a adolescentes desde los 14 años por delitos que, sin dudas, deben ser abordados. Pero al mismo tiempo, amplios sectores de la sociedad observan cómo hechos de enorme gravedad institucional cometidos por funcionarios públicos rara vez concluyen en condenas efectivas.
La sociedad reclama seguridad. Eso es innegable, pero la efectividad de cualquier política dependerá de las condiciones en las que se implemente y del marco institucional que la sostenga.
“El que las hace las paga”, no solamente se debería dar con adolescentes menores de edad, sino que en primera medida debería darse por quienes impulsan tal proyecto. Primero el Estado y todos sus dirigentes, y luego el resto de la sociedad.
(*) Presidente del NEPAR