En el juicio por el pago de sobornos para torcer la investigación sobre el homicidio del militante del PO, salieron a la luz las comunicaciones entre espías, jueces y referentes de grandes estudios. El CELS pidió la condena de los cuatro acusados.
En Comodoro Py, siempre se sospechó que podrían alterarse los sorteos para asignar qué juez entiende en cada causa. Hubo un desperfecto sospechoso cuando el expediente por la muerte de Alberto Nisman pasó a la justicia federal e inicialmente había quedado en manos del juez Sebastián Casanello. La teoría es que los servicios de inteligencia pueden hacer de las suyas. Hay un caso en el que los lazos entre la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la justicia federal de Comodoro Py y los grandes estudios salieron a la luz: el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra. En el juicio en el que se indaga sobre el pago de sobornos para torcer el curso de ese expediente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió que se condene a quienes participaron del entramado y denunció la resistencia corporativa para investigar cuando se muestran los hilos del Poder Judicial.
La historia comienza el 20 de octubre de 2010, cuando una patota de la Unión Ferroviaria –que conducía José Pedraza– mató a Mariano Ferreyra, un militante de 23 años que participaba en una protesta contra la tercerización laboral. Si bien la investigación inicial se centró en los autores materiales, la pesquisa rápidamente puso a Pedraza en el radar. La fiscal de la causa, Cristina Caamaño, pidió su indagatoria el 8 de noviembre de 2010.
Para entonces, Pedraza ya había comenzado a activar sus contactos. Al día siguiente del asesinato de Ferreyra, Juan José Riquelme llamó al dirigente de la UF.
Riquelme había entrado en sus años mozos a la SIDE. Solía poner a Carlos Guillermo Suárez Mason como referencia ante cualquier trámite. Suárez Mason era uno de los pesos pesados de la dictadura: el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, que concentraba la represión en buena parte de Buenos Aires y los alrededores.
Riquelme pateaba tribunales. De tanto verlo, la camarista Ángela Ledesma preguntó quién era ese señor. “El secretario de monseñor (Antonio) Baseotto”, le respondieron. Baseotto era el obispo castrense que quiso colgar una piedra del cuello de Ginés González García y arrojarlo a las aguas por pronunciarse a favor del aborto.
Hacía tiempo que algunos jueces conocían a Riquelme. Uno de ellos contó que era quien los convocaba, por ejemplo, a los cursos que se impartían en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Riquelme era un espía a la vieja usanza: guardaba los contactos de los magistrados en una agenda de papel.
Riquelme se presentaba a sí mismo como un lobbysta, como quedó acreditado en una escucha en la causa. “A mí me llaman y me dicen: ‘Juan José, tengo este problema así, así, así, ¿lo podés manejar?’ Bueno, sí, yo tengo unos contactos de hace muchísimos años con la justicia en todos los niveles. Y, bueno, allá voy. Ahora lo que ellos hicieron o dejaron de hacer es problema de ellos. A mí me interesa lo que a fin de mes me entregan”, se sinceraba.
Riquelme solía funcionar como un engranaje entre Pedraza y Octavio Aráoz de Lamadrid, un exjuez federal que había renunciado para dedicarse a la profesión. El principal activo de Aráoz de Lamadrid era el tiempo que había trabajado en la entonces Cámara Nacional de Casación Penal –hoy federal–. Había sido uno de los laderos del camarista Eduardo Riggi.
Riggi o el “amigo Eduardo”, como se lo mencionaba en los audios, era la llave para evitar que Pedraza terminara procesado o detenido. Para eso, la causa debía “caer” en la Sala III de la Cámara de Casación y se esperaba que Riggi convenciera a uno de sus colegas, Liliana Catucci o Gustavo Mitchell, de acompañarlo en la cruzada.
Riquelme llamó a Aráoz de Lamadrid cuando se enteró de que los hombres de Pedraza iban a llevar un reclamo a la Cámara de Casación. Era fundamental actuar para decidir la radicación de la causa. “En ese momento, cuando (la Cámara del Crimen) dice que sí o que no al recurso de casación yo puedo intervenir”, le dijo el abogado.
¿Cómo iba a intervenir Aráoz de Lamadrid? Yendo a ver a otro viejo conocido de la vocalía de Riggi: Luis Ameghino Escobar. Ambos habían trabajado juntos y Ameghino Escobar había sido designado, por impulso de Riggi, en la oficina que se encargaba de los sorteos en la Casación.
Un mensaje que Riquelme le hizo llegar a un allegado de Pedraza dejaba en claro que había plata detrás de la movida. “Informan del otro lado que son verdes. Reitero: son verdes. Y que Ángel se comunique con él sin ningún inconveniente”. Ángel es Stafforini, el contador de la UF. Stafforini tiene otra particularidad: es o fue socio del actual titular de la SIDE, Cristian Auguadra.
Ameghino Escobar era “el señor de las teclas” en las comunicaciones que mantenían Riquelme y Aráoz de Lamadrid. El abogado le había avisado al espía que el funcionario judicial ya había hecho la tarea, según le habían pedido.
El final de esta parte de la historia se da el 1 de febrero de 2011. Ese día Stafforini fue al Banco Galicia, donde tenía una caja de seguridad, y extrajo 50.000 dólares. Llamó desde el estacionamiento a un custodio y esperó a la abogada Susana Planas hasta que llegaron. Los tres se encaminaron después hasta el estudio de Aráoz de Lamadrid.
Al rato, Riquelme pasó por el despacho. Y luego llegó el allanamiento. El propio Aráoz de Lamadrid se comunicó con Stafforini para avisarle. “Yo estoy fuera. Me están allanando el estudio por el tema este. Corten todos los teléfonos”, le aconsejó al contador.
Los abogados del CELS pidieron al Tribunal Oral Federal (TOF) 8 –integrado por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez– que condenen a los acusados que llegaron al final del proceso: Aráoz de Lamadrid (ocho años), Stafforini (seis años), Ameghino (seis años) y Planas (cuatro años).
Durante el alegato resaltaron que el caso se demoró catorce años hasta llegar a la instancia de una sentencia y que catorce jueces se excusaron de intervenir. Tomás Griffa, uno de los representantes del CELS, insistió en que Riggi había sido “injustamente sobreseído” sin siquiera ser indagado.
Riggi se jubiló en febrero de 2023. Al año siguiente apareció en los chats de los amigos de los represores que organizaban visitas con diputados de La Libertad Avanza (LLA).
Página/12