En los últimos días algunos medios de comunicación – casualmente con una alta pauta oficial – intentaron instalar un debate equivocado en torno al Fondo Estímulo Productivo (FEP). Pero el punto central no es si el fondo es justo o injusto. La cuestión es mucho más simple y más grave: el FEP está regulado por ley y el Estado provincial no lo está cumpliendo en los términos que la norma establece.
Por Juan José Bergia
Cuando una política pública no resulta conveniente para un gobierno, existen mecanismos institucionales para modificarla: se presenta un proyecto y se debate en la Legislatura. Lo que no corresponde en un Estado de Derecho es reinterpretar la ley para acomodarla a una coyuntura financiera.
La Ley 2398-I es clara: el Fondo debe calcularse sobre la recaudación del Ministerio por cualquier concepto y naturaleza. No se trata de una discusión técnica ni requiere interpretaciones sofisticadas. El texto legal es explícito.
Sin embargo, se intenta justificar la exclusión de conceptos que forman parte de la base de cálculo, lo que termina afectando directamente el salario de trabajadores del Ministerio de Producción.
Mientras algunos discuten tecnicismos, los empleados públicos atraviesan una realidad concreta: durante 2025 recibieron apenas un 6% de aumento salarial frente a una inflación superior al 31%. En términos reales, eso implica una pérdida cercana al 25% del poder adquisitivo. Y ya estamos transitando el tercer mes de 2026 sin anuncios de recomposición.
Si hoy docentes, personal de salud y empleados públicos cobran menos, no es por la existencia del FEP sino por una decisión política de congelamiento salarial que impacta en toda la administración pública.
El conflicto actual también intenta instalar una falsa pelea entre trabajadores, como si algunos empleados fueran privilegiados y otros no. Esa lógica de enfrentar a sectores que sufren el mismo deterioro salarial solo busca ocultar un problema mayor: la falta de previsión y el incumplimiento de reglas claras por parte del Estado.
Si la provincia enfrenta restricciones financieras, también debe analizarse el contexto político en el que se tomaron determinadas decisiones. El gobierno provincial encabezado por Leandro Zdero acompañó en el plano nacional políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y por Karina Milei, decisiones cuyos efectos fiscales para las provincias eran previsibles.
Pero aun en un contexto económico complejo, el Estado no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. Si el gobierno considera que el Fondo necesita cambios, debe enviar un proyecto y debatirlo institucionalmente. Lo que no corresponde es modificar de hecho la aplicación de la norma y trasladar el ajuste a los salarios.
La discusión de fondo no es contable sino política: ¿se gobierna respetando la legalidad y planificando o se administra sobre la marcha ajustando donde resulta más fácil?
El Fondo Estímulo Productivo no es un privilegio ni una concesión discrecional. Es una herramienta creada por ley. Y cuando la ley se cumple solo cuando conviene, deja de ser ley y se transforma en criterio circunstancial.
Y eso, en una provincia que necesita previsibilidad y seguridad jurídica, es un problema mucho más serio que cualquier editorial o discusión mediática.