Reforma laboral y no regresividad. La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible.
Por Andrés Gil Domínguez
El principio de progresividad y no regresividad es un estándar central del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En el sistema jurídico argentino, tiene jerarquía constitucional y convencional. La progresividad significa que el Estado tiene la obligación de avanzar de manera constante y sostenida en la realización de los DESCA.
La no regresividad es la otra cara del principio. Implica que el Estado no puede retroceder en el nivel de protección ya alcanzado, salvo que exista una justificación extremadamente fuerte. En términos sencillos: si un derecho ya fue reconocido y garantizado en cierto nivel, no puede reducirse arbitrariamente.
¿Cuándo puede operar la regresividad? Está plenamente justificada cuando es razonable y proporcional, no afecta el contenido esencial del derecho, se demuestra que no había otra alternativa menos lesiva y se adoptó tras un análisis serio de respecto de su impacto. La carga de la prueba recae en el Estado.
En términos argumentales, no basta alegar ´fomento del empleo´, por el contrario, debe probarse que la reducción de la tutela genera un beneficio social superior y que no existían medidas menos lesivas para alcanzar el mismo fin.
Es objetivamente regresiva
La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. La media sanción del Senado no respetó los mínimos estándares exigibles en términos de deliberación democrática, liberando de esta manera a sus defensores de la carga de argumentar la regresividad votada.
La progresividad es la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria.
Cuando se reducen derechos que costaron décadas de lucha y consenso social, no alcanza con invocar promesas abstractas de crecimiento o empleo. Si el retroceso no está sólidamente justificado, deja de ser una reforma y se convierte en una renuncia. En nuestro caso, avalado por una mayoría que, en gran parte, va a sufrir en su vida cotidiana los efectos regresivos de aquello que hoy – vaya uno a saber por qué – apoya.
Publicada en Perfil