Un estudio científico cuestiona la baja de imputabilidad y advierte que encarcelar adolescentes vulnera su desarrollo cerebral, aumenta riesgos y contradice estándares internacionales.
Diputados trata este jueves el proyecto de baja de imputabilidad, en el marco del nuevo régimen penal juvenil, que promueve reducir la edad de punibilidad a los 14 años y fija un máximo de 15 años de prisión para menores. Sin embargo, un reciente estudio científico plantea los peligros de encarcelar adolescentes y revela un dato clave sobre el desarrollo del cerebro de los niños y niñas, que pone en discusión la efectividad de esta nueva normativa. La nueva evidencia desaconseja el enfoque punitivo como única respuesta frente al delito adolescente.
El Destape accedió al estudio publicado por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF) de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA), que hizo aportes sobre el desarrollo del cerebro adolescente y su impacto en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Según el informe, “la adolescencia es la etapa evolutiva que transcurre entre la infancia y la adultez” y “durante este período de desarrollo, los adolescentes se comportan de manera diferente a los adultos”.
Explicaron que la adolescencia “es un momento de búsqueda de nuevas sensaciones, con conductas más arriesgadas” por lo tanto una etapa de mayor vulnerabilidad. “En esta fase, los adolescentes las tasas de enfermedades y muertes aumenta más que en la infancia, principalmente por causas vinculadas a accidentes, suicidio y violencia interpersonal”, remarcaron.
El desarrollo del cerebro adolescente y el impacto de las encarcelaciones
En este marco, según la evidencia neurocientífica -que arroja el mismo estudio- el cerebro adolescente no finaliza su maduración a los 18 años y el desarrollo cerebral durante esta etapa no se realiza de forma simétrica, sino que algunas áreas maduran antes que otras.
Puntualmente, detallaron que el lóbulo frontal –la región más anterior del cerebro– es la última en madurar. Se trata de un área crítica para la autorregulación, el control inhibitorio y la toma de decisiones. “Los adolescentes, en comparación con los adultos, se comportan de forma más impulsiva, son más susceptibles a la presión de pares y al estrés, y priorizan las recompensas inmediatas. Por su parte, las áreas subcorticales vinculadas con la recompensa muestran mayor activación”, enfatizaron en el informe.
Las acciones de los adolescentes, vinculadas al contexto
Por lo tanto, afirma que la forma en que los adolescentes toman decisiones está estrechamente vinculada al tipo de decisión y al contexto en el que se produce. El estudio lo califica en dos: fríos y calientes. Describe que en contextos “fríos”, con baja activación emocional, tiempo para la reflexión y sin presión de pares, los jóvenes toman decisiones similares a las de los adultos. En cambio, en contextos “calientes”, con alta carga emocional, presión de los pares y poco tiempo para decidir, los adolescentes optan por opciones más arriesgadas, activando rutas neuronales distintas.
El estudio -que encabeza el médico especialista en psiquiatría y medicina legal, Ezequiel Mercurio-, explica que “las decisiones vinculadas a la salud y al voto operan en contextos fríos”, con posibilidad de evaluación ponderada, consulta a otras personas y tiempo para pensar. Sin embargo, la gran mayoría de las conductas antisociales en las que se involucran los adolescentes ocurren en contextos “calientes”, mediados por el estrés y la presión de pares.
El impacto negativo de las encarcelaciones
En este contexto, argumentaron que “la mayoría de los adolescentes que cometen delitos no continúan en una trayectoria delictiva sostenida durante la adultez” por lo que “incorporar más tempranamente a los adolescentes en el sistema penal, en entornos de privación de libertad, impacta negativamente en su desarrollo, al aumentar las cargas de estrés y eventos adversos en un cerebro en formación”.
Existen evidencias que muestran que los jóvenes privados de libertad tienen más probabilidades de enfrentar dificultades escolares -como deserción y menor rendimiento- y de reincidencia delictiva que aquellos tratados en modelos socioeducativos. Tampoco hay pruebas de que bajar la edad de responsabilidad penal reduzca la seguridad ciudadana; todo lo contrario.
Estos argumentos neurocientíficos fueron incorporados por la Corte Suprema de Estados Unidos en diversos fallos, y también por el Comité de los Derechos del Niño en 2019. El Comité recomendó que los países con edad mínima de responsabilidad penal en 15-16 años no la reduzcan.
Antecedentes contra la baja de edad de imputabilidad
El estudio recordó que Argentina ya probó con tratar penalmente como adultos a los adolescentes, al condenarlos a cadena perpetua. Como consecuencia de ello, fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros vs. Argentina en el 2013. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha delineado sólidos argumentos sobre la culpabilidad disminuida de los adolescentes en el fallo Maldonado de 2005.
“Los proyectos de legislación penal para adolescentes en discusión no incorporan ninguna perspectiva de discapacidad, contraviniendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina”, recuerda el informe. En este sentido, enfatiza que “la propuesta de bajar la edad mínima de responsabilidad penal es contraria al principio de no regresividad, a las recomendaciones de diversos expertos internacionales –entre ellos, el Comité de los Derechos del Niño– y a las evidencias disponibles”.
El Destape