A partir de este viernes, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará, por primera vez, lo sucedido en la Base Pomar y volverá a examinar lo ocurrido en Automotores Orletti.
Patricio Finnen supo ser uno de los hombres más importantes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Durante los años ‘90, tuvo a su cargo la lúgubre Sala Patria y fue quien movió los piolines de la investigación sobre el atentado contra la AMIA. Tuvo una salida poco honrosa del organismo después de que quedó claro que había desviado la pesquisa, en connivencia con el juez de la causa, para involucrar a un grupo de policías bonaerenses. A partir del viernes, Finnen se sentará en el banquillo para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad nuevamente, pero esta vez cometidos durante la última dictadura: se lo acusa de haber actuado en Automotores Orletti. Junto con Finnen estarán otros tres exintegrantes de la SIDE que supieron estar a las órdenes de Aníbal Gordon. Por primera vez, se juzgará lo sucedido en el centro clandestino conocido como Base Pomar.
Finnen entró a la SIDE cuando tenía 22 años, hacia finales de 1974. Para entonces, estudiaba Psicología. Sus superiores destacaban su disciplina y su cultura. Decían, con orgullo, que iba a ser un buen agente. Dentro del organismo, Finnen era Patricio Fonseca. Para su familia, “Paddy”.
Con ese apodo lo mencionó Sergio López Burgos. Dijo que era uno de los guardias de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención de la calle Venancio Flores al 3519 que funcionó entre junio y noviembre de 1976. Orletti era una base del Plan Cóndor, regenteada por la SIDE, pero donde también operaban el Ejército y la Policía Federal Argentina (PFA), conjuntamente con represores de Uruguay y Chile. El lugar estaba bajo responsabilidad de Aníbal Gordon, un hampón que fungía como agente inorgánico de los servicios de inteligencia.
La coordinación de la SIDE con Uruguay era permanente. Casualmente, mientras Orletti estaba en pleno funcionamiento, Finnen viajó a Montevideo para hacer un curso sobre el accionar de los partidos comunistas en América Latina. El curso tuvo lugar en agosto de 1976.
Finnen cree que detrás de todos sus males estaba Miguel Ángel Furci –y posiblemente algún otro de sus enemigos de “La Casa”, como Antonio “Jaime” Stiuso. Furci, exagente de la SIDE condenado por su rol en Orletti y también por haberse apropiado de Mariana Zaffaroni Islas, lo mencionó en unos mails que le mandó hace 20 años al periodista Fabián Kovacic mientras hacía una investigación para el semanario Brecha de Uruguay. Para defenderse, Finnen apareció con una carta –fechada en 1999– en la que Furci se arrepentía de haberlo difamado. Pero la estrategia le sirvió de poco: el juez Daniel Rafecas, que instruyó la causa, le respondió que los correos eran posteriores. La discusión volverá a plantearse en el juicio. Furci no estará para dar explicación alguna: murió en 2024 después de un episodio de violencia intrafamiliar en su casa, donde había sido enviado porque transitaba un estado de salud delicado.
En 1976, Finnen estaba destinado a Operaciones Tácticas (OT)1. Sus calificaciones las firmó ese año Marcos Calmon, un militar que fue jefe de la OT 18 –que, para los tribunales argentinos, fue la estructura que contuvo a Automotores Orletti. En el juicio no solo tendrá que responder por secuestros sino también por el robo de los hermanitos Anatole y Victoria Julien Grisonas –que pasaron por Orletti, el Servicio de Informaciones de la Defensa (SID) de Montevideo y fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, Chile–.
A principios de los ‘90, Finnen era el enviado de la SIDE en Israel. Se enteró del atentado contra la embajada (1992) desde allá. Al tiempo, volvió a Buenos Aires. Lo pusieron a cargo de la Sala Patria, creada para perseguir a Enrique Gorriarán Merlo tras el intento de copamiento al Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada. La detención se produjo finalmente en 1995 en México. Los de la SIDE estaban exultantes.
Finnen, con el deber cumplido, tuvo carta blanca para involucrarse en el tema más sensible para los servicios vernáculos: el atentado contra la AMIA, que había dejado 85 muertos. El espía –que, para entonces, ya tenía un título de licenciado en Ciencia Política expedido por la Universidad Católica Argentina (UCA)– solía reunirse con el juez Juan José Galeano para conversar acerca del curso de la pesquisa. En una reunión en el restorán El Aljibe del Hotel Sheraton, el juez le pidió supuestamente 400 mil dólares para pagarle a Carlos Telleldín para que involucrara a un grupo de policías bonaerenses en el ataque contra la mutual de la calle Pasteur.
Finnen salió indemne del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que terminó en 2019. Sin embargo, el 11 de abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal lo condenó a dos años de prisión –en suspenso– por su rol en esa maniobra.
Los otros represores
En el banquillo con Finnen estarán otros ilustres exintegrantes de los servicios que nunca habían sido juzgados hasta ahora: César Estanislao Albarracín (81), Rubén Héctor Escobar (76) y Julio Casanova Ferro (85).
Casanova Ferro tiene un largo recorrido. Integró Tacuara. En 1960, fue detenido, acusado de haberle disparado a un estudiante judío de quince años que estudiaba en el Colegio Sarmiento. Después se sumó a la Triple A. Se supone que esa fue su plataforma para trabar relación con Gordon y convertirse en un inorgánico de la SIDE. La sospecha es que fue Casanova Ferro quien, bajo el alias de Julio Cartels, firmó el contrato de alquiler del taller donde funcionó Automotores Orletti. Todo indica que después de su paso por la SIDE, Casanova Ferro siguió por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.
Rubén Escobar había entrado a la SIDE en 1973. Allí también estaba su hermano. Albarracín, por su parte, se sumó a los servicios en 1974. Se lo conocía como Aragón. Llegó a ser custodio de los titulares de la SIDE. En una investigación que se hizo en plena dictadura aportó un dato que después sería fundamental para identificar la Base Pomar: su teléfono.
En noviembre de 1976, la banda de Gordon abandonó Orletti después de que una pareja de militantes se fugara a los tiros del centro clandestino. Algunos llegaron a contar que los represores estaban tan asustados que hasta se movían con pelucas para no ser reconocidos. Para febrero de 1977, Gordon consiguió un depósito, ubicado en Pomar y Chiclana, del barrio de Nueva Pompeya, que usó como su nueva cueva. Para Rafecas, Pomar funcionó como centro clandestino a partir de mayo de 1977.
El 20 de mayo de ese año, la SIDE secuestró a un grupo de militantes del Partido Comunista (PC) que salían del local de Avenida Callao: el exdiputado Juan Carlos Comínguez, Luis Cervera Novo, Ricardo Isidro Gómez, Carmen Román, Miguel Prado, Miguel Lamota y Juan Cesáreo Arano. Solo sobrevivieron Comínguez, Lamota y Prado. En 2023, Comínguez identificó Pomar como su lugar de cautiverio.
El 14 de junio de 1977, la banda de Gordon secuestró al empresario Pedro León Zavalía, a quien vinculaban con el Grupo Graiver. A Zavalía lo tuvieron unas horas en Pomar y luego lo trasladaron a Córdoba. La aventura terminó mal. La Policía Bonaerense –con la Dirección General de Investigaciones que comandaba Miguel Osvaldo Etchecolatz– logró detener a varios integrantes del grupo Gordon.
Ahora, la justicia
Será ésta la primera vez que se juzgue lo que sucedió con el grupo de militantes del PC. Mariana Cervera Novo, nieta de Luis, expresa las expectativas que mantienen los familiares frente al proceso que se iniciará el viernes, de manera virtual, y estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires.
“Fueron muchos años de silencio, de incertidumbre y de indiferencia por parte de un sector de la sociedad y de la justicia. Llegar a esta instancia despierta numerosos sentimientos, porque hubo muchas personas que lucharon —como mi abuela— para saber qué había sucedido con el amor de su vida, y como su madre, Luisa, que también quiso siempre saber qué le hicieron a su hijo”, cuenta.
“Memoria hacemos siempre. Esta es la otra dimensión: la justicia que tanto hemos buscado y que se concreta en un contexto claramente regresivo. Sin embargo, mantenemos un optimismo persistente. Si las Madres, las Abuelas y los familiares lucharon durante tanto tiempo, quienes seguimos presentes continuaremos haciéndolo. En este escenario de adversidad y de políticas públicas regresivas en materia de derechos humanos, consideramos fundamental el sostenimiento de un juicio justo, que no debería desarrollarse únicamente de manera virtual, sino también con presencia física. Es importante poder estar allí y sentirnos parte del proceso judicial, porque en ese ámbito estarán sentadas las personas responsables no solo del secuestro y la desaparición de los militantes que estuvieron cautivos en Base Pomar, sino también porque cada juicio representa un acto de justicia por las 30.000 personas que aún nos faltan”.
Página/12