La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez José Manuel Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó el congelamiento de criptoactivos y otros bienes en el marco de una causa por lavado de activos que involucra a un grupo de personas acusadas de canalizar activos provenientes de diferentes ilícitos, entre ellos la narcocriminalidad, con aparente vinculación con la organización criminal de origen brasileña denominada Comando Vermelho.
La investigación es impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y se inició a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
De acuerdo con la investigación, las personas imputadas habrían realizado significativos movimientos de fondos con múltiples contrapartes a través de plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras tradicionales, sin que se identifique debidamente el origen de los fondos operados, sobre todo, teniendo en cuenta que no existía concordancia entre los montos operados y el perfil patrimonial y fiscal de los investigados.
La pesquisa permitió detectar una operatorio consistente en la recepción de los activos y su diversificación por medio de operaciones de trading de criptomonedas. Los elementos reunidos permiten suponer un retorno de los fondos al beneficiario final Marcelo Clayton Alves de Sousa, un ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y vinculado a investigaciones penales avanzadas, tanto en Argentina como en la República Federativa de Brasil, por lavado de activos provenientes de actividades criminales, entre ellas, el narcotráfico.
Según la hipótesis fiscal, Alves de Sousa estaría sindicado como responsable de canalizar activos ilícitos que pertenecerían al Comando Vermelho con numerosas terminales en nuestro país.
El aporte de los organismos especializados del MPF
Para el análisis de trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalía contó con la colaboración técnica especializada de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), cuya titular es María del Carmen Chena. A partir del estudio transaccional de información provista por proveedores de servicios de activos virtuales y de fuentes abiertas de la blockchain, se logró reconstruir la dinámica operativa de las cuentas investigadas, lo que permitió solicitar el congelamiento de criptoactivos alojados en exchanges y de USDT (criptodólares) almacenados en direcciones sin custodia.
A partir de la información recibida por diferentes operadoras de criptoactivos, se confirmó la existencia de saldos congelados por USDT 208.693, correspondientes a direcciones incluidas en la investigación, los cuales, a pedido de la fiscalía y por disposición del juzgado, quedaron incautados en carácter de depósito judicial hasta tanto avance el proceso penal.
Por último, también se solicitó cautelar ocho participaciones sociales (siete de esas sociedades ubicadas en el extranjero), cuatro vehículos (uno en el extranjero), alrededor de 50 productos bancarios (varios en el extranjero) y diez inmuebles en el extranjero.
En línea con los estándares internacionales
La investigación del MPF en esta causa se enmarca en los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del lavado de activos, en particular las Recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La primera de ellas promueve el decomiso de ganancias y bienes provenientes de delitos, mientras que la segunda se refiere al rol proactivo y a la efectividad de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento.
Los resultados obtenidos —que incluyen la sanción penal de los responsables, la aplicación de multas millonarias y la recuperación de activos ilícitos— representan un avance significativo en el fortalecimiento del sistema penal económico.
El caso reafirma el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la persecución del lavado de activos y la recuperación de bienes provenientes del delito, como políticas prioritarias orientadas a proteger la integridad del sistema financiero y económico nacional.