En la investigación se determinó que las maniobras se llevaron a cabo desde una farmacia con la utilización del usuario y clave de receta electrónica del médico respecto de 78 afiliados que no pertenecían a su cápita. La causa se inició tras una denuncia de la obra social de los jubilados en la UFI-PAMI.
a Sede Fiscal Descentralizada Rafaela solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa seguida a una farmacéutica de esa ciudad de la provincia de Santa Fe y a un médico prestador de PAMI, a quienes acusó por el delito de defraudación a la administración pública por haber emitido más de 600 recetas apócrifas entre febrero y septiembre de 2021 para simular la provisión de medicamentos en nombre de pacientes que no pertenecían a la cápita del médico. De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra generó entonces un perjuicio calculado en $1.125.228 al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
El requerimiento de elevación a juicio, que formalizó el fiscal federal Jorge Gustavo Onel ante el juez Federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, tiene como acusados al médico Alberto José Mazzuchelli, de 72 años, y a la farmacéutica Gisela Viviana Bernini, de 53 años.
De acuerdo con la pieza acusatoria, ambos profesionales confeccionaron 636 recetas a 78 afiliados ajenos a la cartera de Mazzuchelli. En la investigación se determinó que la totalidad de las recetas fueron emitidas desde computadoras ubicadas en la “Farmacia Bernini”, de acuerdo con las direcciones de IP asignadas por el servicio de telefonía Personal al domicilio del comercio de la farmacéutica.
“Detrimento en las arcas de la obra social”
El fiscal Onel señaló que, para que la confección fuera posible y resultara viable en el Sistema de Receta Electrónica de la obra social nacional de los/as jubilados/as, fue utilizado el usuario y la clave de acceso que brindó Mazzuchelli. “Sin este aporte esencial que prestó el médico, no hubiera podido la farmacéutica lograr las prescripciones y consecuente disposición patrimonial del órgano estatal a su favor”, remarcó en el requerimiento.
En tal sentido, precisó que la titular de Farmacia Bernini, “a través de la confección irregular de recetas de medicamentos electrónicas valiéndose del sistema informático que previamente le facilitó un prestador de servicios regular del INSSJP, impulsó disposiciones patrimoniales erróneas, notoriamente perjudiciales para el órgano estatal, generando un detrimento en las arcas de la obra social que ascendió a $1.125.228, con el claro objetivo de hacerse del beneficio indebido, el cual efectivamente percibió en su comercio”.
La farmacéutica llegará a juicio oral acusada en carácter de autora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, mientras que el médico fue considerado partícipe necesario del mismo delito, de acuerdo con la calificación legal impulsada por la fiscalía en el requerimiento formulado el 19 de noviembre pasado.
En la argumentación sobre la diferencia en el grado de participación, la fiscalía indicó que las acciones detectadas y el desembolso patrimonial (en dinero o insumos) se subsumen a la farmacia de Bernini, pero especificó que ello no hubiera podido implementarse sin el aporte del médico a través de la facilitación de su usuario y clave de gestión.
La investigación de este caso comenzó luego de la denuncia formulada por el área legal de la obra social ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
El Ministerio Público Fiscal impulsó la pesquisa con la realización de diferentes medidas de prueba y de entrevistas a diversos afiliados, a través de los cuales corroboró en todos los casos que el médico investigado no era su prestador. Por caso, uno de ellos refirió comprar medicamentos, pero sin receta médica; cuatro indicaron que consumían menor cantidad de medicamentos que los prescriptos; mientras que cinco, si bien reconocieron tomar medicamentos, aclararon que fueron recetados por sus médicos de cabecera.
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