El Ejecutivo mantiene sin cambios el tramo de Ganancias en la reforma laboral y enfría las negociaciones con los gobernadores aliados. Aunque el objetivo es llegar al Congreso el 11 de febrero, el debate quedó estancado por el impacto fiscal en las provincias y la falta de garantías de compensación.
En Balcarce 50 hacen cuentas y miran el calendario. Según los números del propio Gobierno, quedan apenas 13 días para llevar la reforma laboral al recinto del Senado, con una fecha marcada en rojo: el 11 de febrero. Sin embargo, las conversaciones con las provincias entraron en pausa y el debate quedó trabado.
El punto de fricción no es nuevo, pero se volvió más áspero. En el corazón del poder libertario se aferran al capítulo que modifica la recaudación de Ganancias, un apartado que incomoda a los gobernadores y que hoy funciona como freno político. Aunque los contactos siguen abiertos, en la mesa chica admiten que esa resistencia empuja el proyecto a un escenario de estancamiento.
El encargado de escuchar reclamos es el ministro del Interior, Diego Santilli, que volvió a reunirse con mandatarios del norte del país antes de pasar por la mesa política. Aun así, tras ese encuentro no hubo cambios. Incluso sectores del oficialismo que solían mostrarse más flexibles ratificaron que el tramo impositivo no se toca.
La reforma impulsada por la administración libertaria incluye ajustes tributarios y, dentro de ellos, la reducción del impuesto a Ganancias para sociedades y para quienes alquilen inmuebles destinados a vivienda. Ese punto explica el enojo provincial: la recaudación de ese tributo alimenta los fondos coparticipables que sostienen las cajas locales.
Desde hace semanas, los gobernadores aliados reclaman una modificación del texto o, al menos, una garantía de compensación por los recursos que calculan perder. En la Casa Rosada, sin embargo, el mensaje es otro. Desde el gobierno aseguran que se haran algunos cambios de redacción y de estilo pero que es imposible que haya modificaciones en temas trascendentales.
Consultados sobre la posibilidad de que la reforma avance en general pero se caigan los artículos fiscales, en el oficialismo restaron dramatismo. “Si no sale, no sale”, responen desde el Ejecutivo, que además dejan en claro que no habrá complementos formales para las provincias y que la evaluación política llegará después, según cómo vote cada distrito. Un toma y daca explícito.
Las estimaciones también chocan. El Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf) calcula que el costo fiscal inicial de los cambios en Ganancias para 2026 rondaría el 0,22% del PBI, mientras que los gobernadores hablan de un impacto de entre $5000 y $6000 millones mensuales en los giros automáticos. En Nación responden que esas cuentas están mal hechas y que el equilibrio llegará cuando la ley entre en vigencia.
La explicación oficial se apoya en una proyección optimista. “Seguimos hacia adelante. Creemos que hay que bajar impuestos y que en 2027 se van a recuperar con más formalidad y crecimiento”, afirmó un integrante del núcleo libertario, de perfil más conciliador. Otro funcionario fue aún más directo: “Queremos bajar impuestos y las provincias se resisten. Para nosotros es clave porque reduce el costo argentino”.
Con el Ejecutivo fortalecido tras las legislativas de 2025, que tiñeron gran parte del mapa de violeta, los mandatarios provinciales quedaron en una posición más débil. Aun así, buscan hacer valer el peso que conservan en el Congreso para no resignar fondos clave para la gestión diaria, con la mirada puesta en las ejecutivas de 2027.
Por ahora, el oficialismo no muestra señales de ceder en el núcleo del texto que envió al Parlamento para las extraordinarias de febrero. Mientras tanto, en los pasillos del poder se repite una definición que resume el clima actual: “Las conversaciones siguen abiertas”.
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