La Dirección Nacional de Vialidad aplicó una sanción a la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., ex concesionaria del Corredor Vial Nacional N.º 18, por incumplir obligaciones contractuales vinculadas al control y mantenimiento de la calzada. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 100/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Según se informó oficialmente, el organismo constató que la concesionaria no presentó las mediciones correspondientes a parámetros técnicos obligatorios como capacidad de carga, fisuración, profundidad del ahuellamiento, baches y desprendimientos. Estas irregularidades fueron detectadas en la sección A del Corredor Vial 18, que comprende las Rutas Nacionales Nº 12, 14, 135, A015 y 117.
Acta de constatación y falta de descargo
Las deficiencias fueron registradas en el Acta de Constatación Nº 67/2023, labrada el 12 de octubre de 2023 por personal autorizado de Vialidad Nacional. De acuerdo al expediente, la empresa se negó a recibir el acta, por lo que fue notificada posteriormente a través de un comunicado oficial.
Desde el organismo se indicó que la concesionaria no presentó ningún descargo ni aportó documentación que acreditara la realización de las mediciones exigidas por el contrato, pese a haber sido debidamente intimada dentro de los plazos administrativos previstos.
Contexto de la concesión
Caminos del Río Uruguay S.A. se encontraba en concurso preventivo desde marzo de 2023 y su concesión debía finalizar en abril de 2024. No obstante, ante la falta de operadores alternativos, Vialidad Nacional prorrogó el contrato por 12 meses para garantizar la continuidad de los servicios. Finalmente, la concesión del Corredor Vial 18 quedó extinguida el 9 de abril de 2025.
Las autoridades técnicas informaron que las deficiencias detectadas nunca fueron subsanadas, por lo que se tomó como fecha de corte para el cálculo de la penalidad el día de finalización de la concesión.
Monto de la sanción
En función de los incumplimientos verificados, se aplicaron tres infracciones contractuales, lo que derivó en una multa equivalente a 109.600 Unidades de Penalización (UP), calculadas según la tarifa vigente al momento de la sanción. Además, la resolución dejó constancia de que se prevé la imputación de un cargo adicional, que será incorporado en la liquidación final.
La normativa establece que el monto definitivo en pesos puede variar de acuerdo a futuras actualizaciones tarifarias, publicó Ahora.
La resolución dispuso la notificación formal a la empresa por los medios administrativos correspondientes y ordenó su publicación en el Registro Oficial. La medida fue firmada por el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.
El Heraldo