La investigación fiscal preparatoria contra la narcobanda que presuntamente lideraba el ahora exayudante fiscal de narcomenudeo en Castelli, Ariel Peña, llegó a su fin. El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó ante la jueza, Zunilda Niremperger, el requerimiento de elevación a juicio para que tanto Peña como cinco gendarmes y dos policías del Chaco sean enjuiciados por un amplio abanico de delitos, entre los que se cuentan los de asociación ilícita, tráfico de drogas y amenazas.
En su escrito, Sabadini afirmó que esta investigación apunta a una “organización criminal” dedicada al armado de procedimientos relacionados a hechos de narcotráfico. Estos hechos tuvieron su desarrollo territorial en el interior de la provincia del Chaco, principalmente en Sáenz Peña, Castelli, Miraflores y Tres Isletas, pero también en Resistencia. La banda tenía como integrantes a Ariel Peña, quien se desempeñaba como ayudante fiscal de las fiscalías de Narcomenudeo 1 y 2 de Resistencia, y a personal de distintas fuerzas de seguridad. Esta organización estuvo activa, aproximadamente, unos 17 meses: desde mayo de 2021 hasta octubre de 2022.
¿Quiénes son los imputados y de qué delitos se los acusa? A Peña se lo imputa por los delitos de Asociación Ilícita agravada por ser jefe u organizador; tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio y distribución, doblemente agravado; abuso de autoridad e Incumplimiento de deberes de funcionario público; extorsión; falsedad ideológica en concurso real entre sí, en calidad de autor.
Similar imputación, aunque en calidad de integrantes de la banda, le cabe al exjefe de la División Microtráfico de la Policía del Chaco en Sáenz Peña, Héctor López; y los gendarmes José Noguera, Ricardo Boituzat, Patricia Giménez, Ariel Alejandro y Enzo Aguirre.
El caso del cabo Miño es distinto. Si bien a Miño la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia le confirmó la falta de mérito por los delitos similares a los mencionados anteriormente, está requerido a juicio por el delito de “amenazas”. Dichas amenazas habrían sido perpetradas por el cabo el 6 de Octubre de 2022, cuando en horas del mediodía, ingresó de manera intempestiva a las oficinas de la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chaco en Castelli.
“Gonzalo, ya me las vas a pagar”; “quedense tranquilos que sé donde viven y donde viven sus familiares” y “ya no soy más policía así que si quiero te meto una puñalada”, fueron algunas de las amenazas que habría proferido Miño a sus colegas, tras conocer que había una investigación de la Justicia Federal en marcha en su contra.
El requerimiento fiscal recuerda además que esta investigación se inició en virtud del requerimiento de Instrucción formulado el 30 de septiembre de 2021 por parte del Fiscal Federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Martín Uriona, en conjunto con la Fiscalía que encabeza Sabadini a raíz de las actuaciones remitidas por el Jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional, Segundo comandante Guillermo González a efectos de investigar la comisión de delitos previstos en la Ley 23.737 (Drogas) y determinar la existencia, circunstancias y responsabilidades de un grupo de personas que integraban “una organización criminal”.
Pieza clave
Hay una pieza clave en esta investigación. Se lo denominó “Informante 101”. Es un testigo de identidad protegida quien brindó detalles muy importantes para entender tanto la metodología de la organización criminal como para individualizar a los integrantes.
Según este informante, cuyo relato forma parte del expediente judicial, Peña tenía dos formas para abastecerse: una era a través de proveedores directos, que lo abastecían con grandes cantidades. Y otra eran en los propios operativos que él comandaba junto a sus policías de confianza.
En los allanamientos que lo tenían al mando, sólo una parte de lo incautado era incluida en los registros oficiales mientras que el resto quedaba para la banda, por fuera del radar de la Justicia. Luego, la sustancia era reinsertada al circuito ilegal de comercialización a través de revendedores que operarían bajo sus órdenes.
El testigo indicó además que, para mantener a raya al mercado, apoderarse del territorio y limpiar a la competencia, lo que hacían era operativos montados. ¿Cómo? Obligaban a los vendedores de drogas que respondían a su organización a que contacten a otros dealers, que no estaban incluidos en la banda. La idea era simular una transacción. Tras pactar un día y lugar, Peña y sus policías de confianza los estarían esperando para interceptar el cargamento y posteriormente quedarse con todo.
Peña tendría además a su cargo casi una veintena de dealers que comercializaban droga para él. El ayudante fiscal, de acuerdo a la denuncia, se aseguraba que le sean leales. Es que, si no cumplían con la venta de droga que él les facilitaba, o no le prestaban la colaboración necesaria para eliminar a otros eventuales competidores, eran amenazados con ser investigados o detenidos.
De hecho, se dieron casos en los cuales se les armaron causas a dealers en operativos presuntamente fraguados y conducidos por Peña para que, una vez recuperada la libertad, el vendedor se sume a su organización, pero ahora bajo sus órdenes.