En el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, arremetió contra el proyecto de “modernización laboral” del Gobierno de Javier Milei, al que calificó como una “patraña” que “no resuelve ningún problema y agrava muchos”.
En entrevistas con los medios radiales porteños, el legislador desglosó los que, a su juicio, son los verdaderos objetivos del oficialismo: debilitar financieramente a las provincias y municipios, desmantelar las obras sociales, precarizar aún más el empleo y socavar la representación sindical.
“Bajo ese pomposo nombre se involucran dos grandes componentes: una reforma laboral propiamente dicha y una reforma tributaria encubierta”, afirmó Capitanich, poniendo el acento en el impacto fiscal. Según sus cálculos, las provincias y los municipios perderían entre 1,7 y 2 billones de pesos en recursos coparticipables debido a la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresas.
“Los gobernadores tienen una actitud poco responsable. ¿Cómo van a dejarse apretar de esta manera para disminuir recursos? Se venden por un aporte discrecional del Tesoro Nacional, por un aporte para pagar sueldos o aguinaldos”, criticó con dureza.
El dirigente peronista también apuntó contra el corazón del sistema de protección social. Alertó que la reducción de aportes patronales desfinancia las obras sociales en aproximadamente 1.500 millones de dólares, en un contexto donde “aumentan los insumos, aumentan los medicamentos, los salarios bajan, disminuyen los recursos. Entonces, si te bajan los recursos y te aumentan las erogaciones, tienden a quebrar o tener serios problemas de financiamiento”.
Precarización vs. formalización
Más allá del desfinanciamiento, el senador chaqueño centró su ataque en la incapacidad del proyecto para abordar el principal problema del mercado laboral argentino: la informalidad. En ese sentido recordó que la reforma más dura en términos laborales fue la de la dictadura militar de 1976, “que fue una flexibilización dura y pura, y efectivamente lo que se produjo fue un aumento de la tasa de desempleo, prácticamente se triplicó, y definitivamente hubo una destrucción del salario”.
”Concretamente, este modelo que pretende el gobierno con esta ley promueve el financiamiento al despido por ajuste tecnológico de las empresas más importantes, claramente no resuelve el tema de la precarización laboral, sino que la agudiza, deteriora el salario real de un modo significativo porque flexibiliza las posiciones, y a su vez genera las condiciones precisamente para el deterioro de la representatividad sindical, al igual que en el 76’ ” sentenció.
Frente a este diagnóstico, el senador planteó un camino alternativo asegurando que “estamos dispuestos a discutir una reforma que incentive la generación de empleo, pero sin perjudicar a los trabajadores”. Propuso focalizar los estímulos en los sectores que generan la mayor parte de la informalidad: las microempresas (479.000, responsables del 70% del empleo informal), los trabajadores rurales y las empleadas de casas particulares.
“Hay que generar estímulos para la reducción de la informalidad”, afirmó, proponiendo reducciones segmentadas de contribuciones patronales para micropymes y regímenes simplificados de registración digital. “Si se generan mecanismos para que en muchas microempresas puedas tener un sistema de aportes en base a tu flujo de venta, le bajás los costos laborales, expandís la capacidad de generación de empleo y resolvés muchos problemas” aseguró.
La disputa ideológica
Capitanich destacó que el conflicto trasciende lo técnico y es fundamentalmente ideológico. Acusó al Gobierno de excluir exprofeso principios rectores del derecho laboral. “Están siendo cercenados principios claves como el de justicia social o el indubio pro operario (en duda, a favor del trabajador)”, remarcó. “Es una política esencialmente liberal que no protege la dignidad del trabajador”.
Respecto a los trabajadores de plataformas, cuya situación el proyecto oficial busca “flexibilizar”, el senador propuso mirar experiencias regulatorias internacionales. “Tomaríamos la modernización de la legislación española o mexicana, que lo ha regularizado debidamente”, dijo, abogando por el reconocimiento de la relación de dependencia.
Al cerrar sus intervenciones, Jorge Capitanich hizo un llamado a la movilización y a la unidad de la oposición para bloquear la iniciativa en el Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría.
“El rol más importante de la CTA y la CGT es resistir, no solamente con comunicación, sino con movilización social”, concluyó, sosteniendo que: “Todo lo que está haciendo este gobierno es una patraña, es una mentira sistemática. Está destruyendo claramente el país y está destruyendo las economías regionales”.