Si China no acepta renovarlo, Argentina debería pagar en junio USD 2.750 millones. Es el tramo del swap que activó Sergio Massa, venció en 2024 y fue prorrogado por dos años al gobierno de Milei.
Milei firmó esta semana un decreto que endurece las condiciones de empresas chinas para participar en licitaciones del Estados argentino, se supone un gesto a Donald Trump a quien el presidente argentino espera cruzarse en la cumbre de Davos. Pero el gobierno libertario podría terminar mordiéndose la cola por esta decisión.
A mitad de año se vence el swap por USD 18.000 millones que la Argentina tiene con China y que explican buena parte de las reservas del país. El swap por USD 20.00O con Estados Unidos que se anunció en la campaña, nunca se concretó.
Con un agravante: si China decide no renovar ese acuerdo, la Argentina debería pagar a mitad de año entre USD 2.750 millones y USD 5.000 millones, de un tramo que se activó. La diferencia responde a la opacidad de la actual gestión del Banco Central para mostrar sus números.
En el mercado saben que el BCRA tiene activado un tramo del swap por 35.000 millones de yuanes, equivalentes a USD 4.844 millones. Los vencimientos están concentrados entre junio y julio: 21.000 millones de yuanes en junio y 14.000 millones en julio. No hay dólares para enfrentar ese pago. Sin acuerdo, el escenario es default técnico con China.
El riesgo va más allá del vínculo bilateral. El swap con China tiene cláusula de cross default. Si la Argentina no paga, también cae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El país volvería a quedar marcado como defaulteador serial, justo cuando el Gobierno intenta vender normalidad financiera.
Este es el mismo swap que Xi Jinping decidió renovarle a Milei el 14 de junio de 2024, en un gesto de “paciencia oriental”, porque hasta ese momento el libertario insultaba en cuanto foro internacional se cruzaba a la potencia asiática. China sabía que la Argentina no podía pagar y decidió prorrogar el vencimiento por dos años, hasta junio de 2026.
Milei acordó dejar de insultar a China y cumplió, pero no cumplió con otras cláusulas no escritas que se negociaron en ese momento. La más importante: encabezar una visita de Estado a China. El gobierno libertario fue pateando esa visita y luego la “canjeó” por una vista encabezada por Karina y buena parte del gabinete, que tampoco concretó.
En junio de este año Milei se vuelve a encontrar así el mismo desafío financiero y geopolítico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, le reclamó públicamente al gobierno libertario que cancele el swap con China. Pero romper con la potencia asiáitica como acreedor estratégico cuesta los USD 20.000 millones que prometió Estados Unidos.
Cuando en 2024, Xi Jinping le concedió la primer prórroga a Milei pidió dos cosas concretas. La primera es política: una visita presidencial. Milei aceptó viajar y hasta lo contó públicamente. Después dijo que iría Karina Milei. Tampoco ocurrió. El viaje a China se suspendió y fue reemplazado por una gira a Miami, con el Presidente como figura central del America Business Forum y la C-PAC, bajo la mirada atenta de Donald Trump.
La segunda condición fue reactivar las represas de Santa Cruz, la obra de infraestructura más importante que China financia fuera de su territorio. Por una serie de incumplimientos hay que firmar la Addenda 12, un paso que se demora desde la gestión de Sergio Massa.
El Gobierno ofrece una salida mínima: reactivar sólo la represa Jorge Cepernic, la más chica. Pero hasta ese paso es jabonoso. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal anunció el ingreso de USD 136 millones desde China para reactivar la obra. Las empresas consideran que se trata de una cifra insuficiente incluso para reiniciar los trabajos. Pero lo más curioso es que ninguna autoridad del gobierno nacional ratificó el anuncio del gobernador.
Durante este año la Argentina enfrenta un calendario de vencimientos desafiante. La economía argentina necesita unos 50.000 millones de dólares para atravesar 2026 de manera ordenada. Esta estimación surge de combinar las necesidades de financiamiento externo derivadas de la cuenta corriente, la cuenta capital y los vencimientos de deuda, junto con el objetivo de recomponer reservas, resume un informe de la consultora MAP Latam.
El principal acreedor en términos de pagos programados es el Fondo Monetario Internacional. Según el cronograma oficial del organismo, a lo largo de 2026 la Argentina debe afrontar compromisos por más de 4.400 millones de DEG, que incluyen cargos, recargos e intereses trimestrales, junto con amortizaciones de capital del programa EFF en septiembre y diciembre. Medidos en dólares, esos pagos representan una carga relevante y persistente, que se extiende durante todo el año y no se agota en una sola fecha.
A ese frente se suma la deuda con acreedores privados, producto de los bonos surgidos de la reestructuración de 2020 de Martín Guzmán. En enero el Tesoro transpiró fuerte para cumplir con un primer vencimiento de USD 4.300 millones, correspondiente a capital e intereses de Globales y Bonares. Luego, el calendario continúa con pagos semestrales de intereses y amortizaciones parciales en julio, que si bien están fragmentados por instrumento, que en conjunto rondan los USD 6.000.
Además de FMI y bonos, el Estado mantiene compromisos en dólares con organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF. Aunque estos vencimientos no siempre aparecen desagregados en un solo cuadro público, forman parte del flujo total de pagos externos del año y se concentran también en moneda dura. Esos vencimientos suman USD 3.000 millones a lo largo del año.
Es sobre ese esquema exigente que se monta el capítulo adicional de China. El vencimiento del tramo activado del swap, equivalente a unos USD 5.000 millones, agrega casi un 25% extra sobre un calendario que ya es pesado por sí mismo.
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