El Gobierno de Milei oficializó este martes la distribución de las partidas establecidas por el Presupuesto 2026 y definió las reglas que determinarán el manejo y control de los fondos y de la designación de cargos públicos en cada organismo. La decisión administrativa desglosa la distribución de los fondos y de los cargos laborales para todos los organismos públicos. Se incluyen tanto los gastos corrientes como los de capital.
Así lo formalizó el Ejecutivo a través de la decisión administrativa 1/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida fue publicada en la madrugada en el Boletín Oficial.
La aplicación del Presupuesto y las nuevas reglas
La norma oficializada señala que el jefe de Gabinete de Ministros tendrá la potestad de dividir los créditos a nivel de las partidas más pequeñas, de acuerdo con programas o categorías. Así, el Gobierno apunta a tener un mayor control sobre el uso de los presupuestos de cada área.
La medida también plantea restricciones a la hora de cubrir vacantes de personal en los distintos organismos. Los organismos deberán certificar que el puesto está realmente libre y que hay dinero asignado para ese cargo. Asimismo, los movimientos en cargos ejecutivos solo se podrán aprobar con la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende de la cartera de Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Hacienda, que está en la órbita de Caputo.
Por otra parte, todos los organismos tendrán que informar cada tres meses a Hacienda la evolución de su dotación de personal y contrataciones. Si alguna dependencia incorpora cargos o modifica su estructura, deberá justificarlo y presentar un informe de costos y financiamiento antes de recibir aprobación, de acuerdo con lo estipulado por la medida de este martes.
En tanto que las jurisdicciones que manejen gastos de inteligencia deberán pedir autorización expresa a la SIDE antes de movilizar fondos o modificar sus planes presupuestarios.
Para realizar compras de bienes de uso u obras, los organismos deberán tener de forma obligatoria un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
Ámbito