La entidad que agrupa a las medianas empresas avaló los cambios en el derecho individual del trabajo, pero advirtió que los ajustes de los convenios colectivos amenazan la estabilidad jurídica. El núcleo de la preocupación está puesto en cinco artículos del proyecto, del 126 al 132.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) tomó posición formal frente a la reforma laboral del Gobierno. En un documento presentado ante el Senado, la entidad expresó su respaldo general a la iniciativa, pero encendió una señal de alerta sobre los cambios en los convenios colectivos, a los que adjudica riesgos concretos para la seguridad jurídica del sector.
El núcleo de la preocupación está puesto en cinco artículos del proyecto – del 126 al 132 – cuya aprobación, según la CAME, podría desvirtuar el objetivo central de la reforma y derivar en un escenario de mayor “imprevisibilidad y conflictividad laboral”. Por ese motivo, reclamó de manera “imperiosa” que esos puntos sean eliminados del texto final.
El cuestionamiento más fuerte recae sobre el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos solo a sus cláusulas normativas, y excluye las obligacionales. Estas últimas, dice, son las determinaciones dispuestas libremente por las partes en la negociación. Para la entidad empresaria, esta restricción entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, y abre la puerta a disputas que hoy están contenidas por la continuidad de los acuerdos vigentes.
“Desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”, resume.
Otro de los puntos sensibles es el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las entidades empresarias pero mantiene los de las organizaciones sindicales. La CAME considera que esta asimetría implica un trato “inequitativo y discriminatorio”, que podría poner en jaque la representación empresaria a nivel nacional y alterar el equilibrio entre las partes que participan de la negociación colectiva.
Las objeciones se extienden también a los artículos 130 y 131, que consagran la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de actividad. Según la entidad, este cambio no solo fragmentaría el marco normativo de las distintas actividades económicas, sino que habilitaría diferencias salariales difíciles de justificar y afectaría un principio estructural del derecho laboral: el de igual remuneración por igual tarea.
El último foco de conflicto señalado es el artículo 132, que faculta al Estado a suspender la vigencia de convenios colectivos cuando invoque razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Para la CAME, se trata de una “discrecionalidad excesiva” que introduce un factor adicional de inestabilidad y debilita la previsibilidad que requieren tanto empleadores como trabajadores para planificar su actividad.
El documento, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, subraya que las sugerencias apuntan a construir una norma que garantice “estabilidad, certezas, previsibilidad y, fundamentalmente, equidad”, condiciones que la CAME considera indispensables para reducir la litigiosidad y ordenar la relación entre trabajadores y empresas sin erosionar el sistema de negociación colectiva.
Las objeciones del sector pyme se suman así a otras presiones que rodean al proyecto. Por un lado, el ala sindical, con la CGT al frente, intenta introducir cambios mediante la persuasión de legisladores del centro político.
Por otro, los gobernadores expresan su preocupación por el impacto fiscal de los ajustes impositivos que prevé la iniciativa, en un escenario de recaudación provincial en caída. El Gobierno, en tanto, prevé aprobar el proyecto de “Modernización Laboral” en el recinto del Senado el 11 de febrero.
La Nación