El gobierno de la tierra colorada bajará del 4,5% al 1% la alícuota del impuesto para la venta mayorista destinada a la reventa y equipara el tratamiento fiscal de las estaciones de bandera blanca con el de las petroleras. El sector espera alivio de costos y mejores condiciones para operar.
El Gobierno de Misiones anunció una reducción significativa del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a la venta mayorista de combustibles destinados a la reventa, una medida que impacta de lleno en la operatoria de las Estaciones de Servicio.
A partir del anticipo correspondiente a enero de 2026, la alícuota pasará del 4,5% al 1%, un recorte que busca mejorar la competitividad del sector energético provincial y corregir asimetrías fiscales dentro de la cadena de comercialización.
El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales. Allí explicó que la decisión forma parte de una política orientada a fortalecer el desarrollo económico de la provincia, en un contexto en el que los costos energéticos y logísticos tienen un peso creciente sobre la actividad productiva y comercial.
Según precisó, la nueva alícuota se aplicará a la comercialización mayorista de combustibles alcanzados por la Ley Nacional 23.966, una actividad que hasta ahora tributaba con una carga sensiblemente mayor.
Para las Estaciones de Servicio, el cambio representa un alivio concreto. La reducción alcanza especialmente a las estaciones de bandera blanca que realizan ventas mayoristas para reventa, que desde enero pasarán a tener el mismo tratamiento fiscal que las estaciones pertenecientes a empresas petroleras. De este modo, se elimina una diferencia impositiva que, en la práctica, generaba desventajas competitivas para los operadores independientes frente a las redes integradas de las grandes compañías.
El propio Passalacqua señaló que la medida apunta a “equiparar su tratamiento fiscal al previsto para la actividad industrial”, en referencia al esquema que ya rige para las petroleras. Para el sector estacionero, esta equiparación es clave, ya que reconoce a la comercialización de combustibles como una actividad estratégica que requiere reglas homogéneas para todos los actores, independientemente de su bandera o estructura societaria.
Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el objetivo es corregir distorsiones en una cadena considerada central para la economía misionera. El combustible impacta de manera directa en los costos del transporte, la logística, la producción agroindustrial y el comercio minorista, por lo que cualquier modificación en su carga impositiva tiene efectos transversales. Al reducir la presión fiscal en uno de los eslabones clave, el Gobierno espera generar un alivio en la estructura de costos de los operadores y contribuir a una mayor estabilidad de precios.
El sector expendedor carga con “activos inutilizados” a causa de la forma en que los fiscos provinciales cobran el gravamen sobre la facturación. Son cifras millonarias que los gobiernos locales perciben por adelantado pero luego no devuelven.
Para las Estaciones de Servicio, la baja de Ingresos Brutos abre además un escenario de mayor previsibilidad. Contar con una alícuota más baja y estable puede traducirse en mejores condiciones para planificar inversiones, sostener el empleo y mejorar la calidad del servicio. También reduce el impacto financiero que suele trasladarse a lo largo de la cadena, desde el mayorista hasta el surtidor.
Otro aspecto relevante es el impacto competitivo a nivel regional. Misiones comparte fronteras con países limítrofes, donde las diferencias de precios de los combustibles suelen influir en el comportamiento de la demanda. En ese contexto, una menor carga impositiva puede ayudar a las estaciones locales a retener ventas, evitar desvíos de consumo y fortalecer su posición frente a mercados vecinos con estructuras tributarias diferentes.
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