Por no contarse aún con la estructura adecuada ni con las condiciones de seguridad convenientes, el Poder Ejecutivo correntino vetó la implementación de la modalidad de trabajo remoto o home office laboral en la Administración pública de la provincia de Corrientes.
La Ley N°6.740 incorporó el artículo 59 bis a la Ley N°4.067, por medio del cual se facultó a los titulares de los organismos a disponer, mediante resolución o decisión fundada y previo acuerdo con el agente, la modalidad de trabajo remoto, dispensándolo de prestar servicio de manera presencial.
La ley fue sancionada a finales de noviembre último, pero fue vetada de manera reciente con el Decreto N°42, firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés y publicado en el Boletín Oficial.
Según los fundamentos del veto, al que tuvo acceso Momarandu.com, el Poder Ejecutivo de la Provincia viene desarrollando planes y proyectos de modernización de la actividad administrativa con la finalidad de adecuar la estructura, organización y funciones de la Administración pública a los criterios de racionalidad, eficiencia y modernización del Estado que los tiempos actuales exigen.
En ese sentido, se entiende que la modalidad de trabajo remoto es una válida opción en el esquema de la nueva gestión pública a la que se aspira, no obstante, estos criterios innovadores se hallan actualmente en su faz arquitectónica y la Administración no dispone aún de los recursos necesarios y suficientes para ponerlo en práctica.
Al respecto, se considera que “su precipitada implementación”, del trabajo remoto, podría generar riesgos, ciertos y potenciales, de consecuencias no deseadas ni previstas que es conveniente evitar, especialmente en lo que hace a la seguridad informática.
Para el Ejecutivo, debería estar consolidado, entre otras cuestiones, el uso del expediente digital, sino los agentes tendrían que trasladar los expedientes físicos, con los inconvenientes que ello generaría.
Asimismo, la facultad otorgada por el proyecto de ley a los titulares de los organismos de disponer esta modalidad de trabajo mediante resolución fundada, no haría sino alterar el principio organizativo de la Administración, según el cual las decisiones de esa índole corresponden al gobernador de la Provincia mediante el decreto correspondiente.
“Por no contarse aún con la estructura adecuada ni con las condiciones de seguridad convenientes para la implementación de esta modalidad laboral en la Administración pública”, el gobernador consideró pertinente vetar el proyecto de Ley N°6.740.
Momarandu