Sin cambios, el Gobierno logró aprobar con amplio margen su primer ley de Presupuesto de ajuste para lo que será su tercer año de gestión y dio por cerrado el período de sesiones extraordinarias. El oficialismo cosechó 45 votos afirmativos y 25 en contra, estos últimos provenientes del peronismo que, por primera vez, votó dividido: el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés acompañaron al Gobierno en la votación en general. Un sector de la UCR apoyó el desfinanciamiento eductativo y científico.
Tras dos años de manejo discrecional de los fondos públicos, el oficialismo consiguió así sancionar la Ley de Leyes con el apoyo del PRO, una UCR partida y los gobernadores aliados. Pese a los esfuerzos, la oposición no logró hacer caer los artículos 12 y 30 del capítulo 2, que profundizarán el ajuste en educación, ciencia y tecnología y desfinanciarán el sistema nacional de defensa.
Diego Santilli, Lule y Martin Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, siguieron la sesión desde el despacho de Patricia Bullrich. Desde allí desplegaron reuniones y llamados para blindar el Presupuesto. Por caso, Santilli se reunió en pleno debate con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que logró sumar sobre el filo el apoyo de la senadora Edith Terenzi al capítulo más polémico. Durante el tratamiento, la senadora Florencia López denunció que el Gobierno “compra votos” a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Tras una jornada frenética, el Gobierno consiguió aprobar su primer Presupuesto. Al igual que en la Cámara de Diputados, el primer tramo de la discusión giró en torno a la forma de votación. Ya en la reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich buscó imponer la votación por capítulos, mientras que el peronismo exigió que se votara artículo por artículo. Fuerza Patria se amparó en el reglamento del Senado, que en su artículo 207 establece que “toda votación en particular se contrae a un solo y determinado artículo”.
Luego de la aprobación en general, el peronismo insistió con la votación en particular del artículo 30, pero el oficialismo la rechazó. La senadora Anabel Fernández Sagasti se descargó y denunció que “no quieren votar el Presupuesto en particular porque es una vergüenza nacional y encima lo hacen violando el reglamento”.
Además, advirtió que la iniciativa del Gobierno “viola el principio de progresividad” de la Constitucion Nacional y cuestionó con dureza el ajuste educativo: “El artículo 30 nada tiene que ver con el déficit, es una declaración de principios en contra de la educación pública”. Sagasti también apuntó contra el nombramiento de Gerardo Milman como director de Relaciones con las Provincias en el Senado, al que calificó como un “ñoqui de lujo”. Milman fue designado por Bartolomé Abdala en plena sesión.
La división de los radicales
De los diez senadores que integran la UCR en la Cámara alta, el bloque votó dividido. Cuatro arriaron una de las principales banderas del partido centenario y respaldaron el ajuste sobre las metas de financiamiento educativo: los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, la chaqueña Silvana Schneider y la filo libertaria Carolina Losada (Santa Fe).
El primero en anticipar el quiebre fue el bonaerense Maximiliano Abad, que encendió las luces de alarma en la Casa Rosada. “Lo que se viene en Argentina es una decisión política: es si van a seguir metiendo la mano en las universidades, en las personas con discapacidad, en los hogares de zona fría o si se van a animar a ir contra muchos de los privilegios que existen en Argentina”, dijo antes de adelantar que no acompañaría el capítulo 2.
A su turno, el radical Flavio Fama cuestionó el artículo 12: “He sido rector y he rendido cuentas toda la vida. ¿Por qué tenemos que asignarle por ley a un funcionario público la discrecionalidad de decidir si la información es necesaria y suficiente?”. “No puedo acompañar estos artículos”, concluyó. Finalmente, Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR y uno de los más alineados con el Gobierno, confirmó que en general la bancada iba a apoyar el Presupuesto, aunque admitió “diferencias” en la votación en particular.
Rosca palaciega
En el despacho de Bullrich se instalaron Diego Santilli, Lule y Martín Menem y Carlos Guberman, secretario de Hacienda. El excel libertario se actualizaba minuto a minuto con un único objetivo: evitar una derrota como la de la última sesión en Diputados, cuando el Gobierno abrió la billetera pero no logró sostener el capítulo 11.
Esta vez, las dudas giraban en torno a los artículos 12, 30 y 25 del capítulo 2. Bullrich recorrió despachos para blindar el Presupuesto y solo regresó al recinto para su cierre como presidenta de bloque en el que dijo que “hoy los resultados están a la vista. La inflación bajó de manera drástica y sostenida, la pobreza se redujo a la mitad” además llamó a “refundar la historia emocional de la Argentina”
Una vez más, Santilli abrió la billetera. En medio de las negociaciones recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. La confirmación llegó vía X: el mandatario, que sumó el voto de Edith Terenzi al capítulo 2, escribió que mantuvo “una muy buena reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli”, en la que, al margen del reclamo judicial por la deuda de la Nación con la caja previsional provincial —por más de 50 mil millones de pesos—, acordaron iniciar un proceso de auditoría conjunta para avanzar en un entendimiento que garantice el cumplimiento de la ley.
Las negociaciones también incluyeron al neuquino Rolando Figueroa que aportó la abstención de Julieta Corroza, al salteño Gustavo Sáenz que sumó a Flavia Royón y, una vez más, al tucumano Osvaldo Jaldo que contribuyó con el voto de Beatriz Ávila (exmacrista).
Los capítulos libertarios
La estrategia libertaria, que ya había fracasado en Diputados cuando cayó por completo el artículo 11, esta vez funcionó. El oficialismo anexó a los artículos más polémicos, como el 12 o el 30, otros que operaron como anzuelo para quebrar a los gobernadores. Mientras el artículo 12 atenta contra el financiamiento universitario y otorga a la Secretaría de Educación la potestad de manejar con discrecionalidad el envío de fondos – incluso habilitando el congelamiento de partidas si considera inadecuado su uso -, el artículo 30 elimina las metas de financiamiento educativo, la inversión progresiva en ciencia y tecnología, el fondo para las escuelas técnicas y las partidas destinadas al sistema de defensa nacional.
En este caso, el capítulo 2 incluyó además préstamos del BID a las provincias, en un contexto de asfixia financiera. La maniobra convirtió la votación en una forma de extorsión: los mandatarios fueron forzados a presionar a sus senadores para votar contra leyes ya sancionadas por el propio Congreso.
Una vez conseguido el quórum, La Libertad Avanza buscó acortar al máximo los tiempos del debate. Solo se anotaron en la lista de oradores Ezequiel Atauche, que en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto actuó como miembro informante, y Agustín Monteverde, senador de LLA por la Ciudad de Buenos Aires. Junto a Patricia Bullrich, fueron los encargados de salir a defender el Presupuesto.
La urgencia libertaria por dar por cerrado el trámite parlamentario respondió a un dato clave del calendario: el próximo 9 de enero vence un nuevo compromiso de deuda. Diploma en mano, Caputo quedó en condiciones de refinanciar los vencimientos. Si el proyecto sufría modificaciones, no había certezas de poder volver a tratarlo de inmediato en Diputados, donde ya se barajaba el 6 de enero como fecha alternativa para reabrir el debate.
De inmediato, el Senado debatió y sancionó el proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa impulsada por el oficialismo que busca limitar la capacidad de control y sanción de los organismos fiscales. Presentado como un incentivo para que los dólares no declarados ingresen a la economía formal, el proyecto podría funcionar en los hechos como un blanqueo encubierto y permanente, al reducir controles, y aliviar responsabilidades sobre patrimonios no registrados.
El presidente Milei no quiso perderse el festejo de la sanción del Presupuesto y emitió un comunicado donde se vanagloria de la aprobación de la ley y felicitó a Bullrich por el trabajo realizado.
Ahora, la agenda parlamentaria se reanudará en febrero con el debate de la Reforma Laboral, los cambios a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.
Ámbito