Se trata de Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, acusados por los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta. En su resolución, el juez declaró que los hechos son imprescriptibles por ser delitos cometidos en el contexto de los crímenes de lesa humanidad.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Neuquén, Gustavo Villanueva, dictó el procesamiento de dos exmilitares por su presunta participación en la apropiación ilegal de los departamentos y bienes de una cooperativa de periodistas de la capital neuquina ocurrida durante la última dictadura cívico militar. En el proceso interviene la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de esa ciudad, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani.
De esta manera, el juez Villanueva procesó a los exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército, Sergio Adolfo San Martín (83) y Jorge Héctor Di Pasquale (78), por considerarlos responsables, en calidad de partícipes necesarios, de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real, conexos de delitos de lesa humanidad, cometidos en perjuicio de la Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén.
Asimismo, Villanueva fijó el embargo sobre los bienes de ambos imputados en la suma de 25.280.000 pesos, respecto de cada uno, a los efectos de garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas que puedan recaer en las presentes actuaciones.
Ambos ya recibieron varias condenas por delitos de lesa humanidad con el siguiente detalle:
-San Martín, seis condenas: 21 años de prisión del TOF de Neuquén en la causa “Reinhold” de 2008; 19 años en la causa “Luera” de 2012; 12 años en la causa “Castelli” de 2016; 5 años y 8 meses en “Vitón” de 2018; 7 años en la causa “San Martín” de 2019 (no firme) y a prisión perpetua en la causa “Taffarel” de 2022 (no firme).
-Di Pasquale, ocho condenas: prisión perpetua del TOF Nº1 de La Plata en la causa “Hidalgo Garzón” de 2012; 25 años en la causa “Etchecolatz” de 2020 (no firme); prisión perpetua en la causa Olivera “Rovere” de 2024 (no firme); 17 años de prisión del TOF de Neuquén en la causa “Di Pasquale” de 2014; 12 años en “Castelli” de 2016; 5 años y 4 meses en “Vitón” de 2018; 6 años en causa “San Martín” de 2019 (no firme) y a prisión perpetua en causa “Taffarel” de 2022 (no firme). Además, se encuentra procesado con prisión preventiva en las causas “Cicciari Enrique”, acumulada a “Crinigan Alberto”, en la cual se está desarrollando el debate oral y público.
Mientras San Martín se encuentra cumpliendo prisión domiciliaría, Di Pasquale está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Por su parte, en el caso de los imputados Luis Farías Barrera y Jorge Molina Ezcurra, se extinguió la acción penal por su fallecimiento, mientras que Oscar Lorenzo Reinhold, que estaba a cargo de la División Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, quedó apartado por incapacidad sobreviniente.
Los hechos
Según la imputación que en 2017 formuló el MPF, los hechos comenzaron el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, a partir de la intervención de la cooperativa por parte de las autoridades militares del Comando de la VI° Brigada de Infantería, en el marco del terrorismo de Estado implementado por la Junta Militar que gobernó de facto hasta 1983.
“En aquella jornada, vehículos militares ocupados por integrantes del Ejército Argentino arribaron a la ‘Torre de Periodistas I’, sita en la calle Periodistas Neuquinos N°19 de esta ciudad y donde funcionaba su sede, irrumpieron en el lugar, secuestraron documentación y desplazaron a sus autoridades legítimas e impusieron como su interventor al exintegrante del Ejército Argentino, Ulises Normando Baca Cau -exmayor del Ejército, quien falleció en 2015-, trasladando su sede al Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña”, contextualizó el fiscal general Palazzani cuando solicitó las indagatorias.
A partir de esa intervención, “se procedió a eliminar de la lista de futuros adjudicatarios de viviendas” del edificio, que se encontraba en construcción desde 1972. Al menos 21 socios de la cooperativa habrían estado pagando ante el Banco Hipotecario Nacional las cuotas mensuales correspondientes para la compra de los departamentos, dinero del que el Ejército se habría apropiado frustrando así “la legítima expectativa de acceder a una vivienda”, explicó la fiscalía.
Administración fraudulenta
Una vez con el complejo de departamentos y los bienes adquiridos, procedieron en 1978 a vender o simular la venta de al menos 21 departamentos a distintas fuerzas de seguridad, a través de la participación del entonces Banco Hipotecario Nacional, ya intervenido por autoridades militares.
Así, el Ejército se quedó con 15 unidades – Pb, letra “F”, 1° piso letra “F”, 3° piso, letra “A”, 3° piso, letra “F”, piso 4° letra “C”, piso 5° letra “F”, piso 6° letra “F”, piso 7, letra “D”, piso 10 letra “D”, piso 10 letra “F”, piso 11 letra “D”, piso 11 letra “F”, piso 12, letra “D”, piso 12 letra “F”, piso 13° letra “F”; Gendarmería con las correspondientes al Piso 2°, letra “B”, piso 8 letra “E”, piso 14, letra “A”; y Policía Federal con las de Piso 12, letra “B” y piso 14, letra “C”.
Además, la maniobra comprendió la venta de dos terrenos lindantes al de la Torre. El primero emplazado en los que se encontraba proyectada la construcción de un Centro Cultural Comunitario, donde en su lugar se erigieron dos locales comerciales, doce garajes y dos bauleras que finalmente fueron adquiridas por particulares. El segundo fue el predio de Periodistas Neuquinos N°41/43 donde se edificaron cocheras para los habitantes del edificio.
Si bien ambos predios fueron enajenados, ningún socio fundador de la cooperativa recibió dinero en concepto de resarcimiento por la venta de los espacios que integraban el proyecto original, que pagaron con esfuerzo los periodistas neuquinos.
Persecución a periodistas
Por otro lado, el juez señaló que los hechos materia de investigación se caracterizan como de lesa humanidad y, como tal, son imprescriptibles. En ese sentido, como sostuvo el representante del MPF, los hechos “habrían sido cometidos en un contexto de persecución política e ideológica a periodistas y medios de prensa de la región, y en particular a miembros fundadores de la Cooperativa, ordenada por las autoridades del Comando de la Subzona 5.2”
De esta manera, el juez detalló que desde que asumió como interventor militar el suboficial mayor Baca Cau, se desató una campaña de hostigamiento y persecución a los miembros de la comisión directiva y asociados: Enrique Pedro Oliva, Carlos Agustín Ríos, Diego Manuel Flores Giménez, Pablo Ramón Carbonel, Osvaldo Raúl Arabarco, Héctor Dante Lombardo, Horacio Coulin Novillo y Marta Echeverría, entre otros.
Por su parte, el presidente de la entidad, Oliva, fue anoticiado de que, en razón de su tarea como periodista, figuraba en una lista de personas consideradas “peligrosas”, por lo que a los pocos días abandonó el país para exiliarse en Francia. Al respecto, su hija -quien declaró en la causa- y su esposo, corresponsal del diario Clarín, fueron víctimas del terrorismo de Estado, hechos por los que fue condenado el exmilitar Oscar Reinhold en 2019.
Asimismo, Marta Echevarría de León fue socia fundadora de la cooperativa y “también fue víctima de persecución”, señaló el juez en su resolución. Si bien no pudo testificar por haber fallecido, sí lo hizo su pareja, quien contó sobre ella, que después de haber estudiado Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires, empezó a trabajar en la ciudad de Neuquén para la agencia del diario Clarín y para la agencia del diario Río Negro.
En ese sentido, declaró en la causa que “después del golpe de 1976 se agudizó mucho la persecución, la misma noche del golpe detuvieron a un montón de compañeros y buscaban a otros que no encontraron”. A su vez, contó que “un día a la mañana, levantan a Marta en un Falcón, la llevan a dar una vuelta y la aprietan para que diga donde lo tenían guardado a un compañero, la golpean, ella estaba embarazada, le dieron patadas y le dijeron: ‘Te vamos a reventar al hijo que tenés del Rusito’”. “A partir del golpe todos los días dormíamos en una casa distinta, todos los días detenían gente y desaparecían, y tomamos la decisión de irnos a México”, añadió.
Por último, como descripción del contexto persecutorio contra periodistas locales, el juez Villanueva citó el libro “Terrorismo de Estado: memorias de la Norpatagonia”, que menciona episodios de violencia anteriores al golpe de Estado que “se desplegaron como forma de disciplinamiento y como medio de justificar ante la sociedad la instalación de la dictadura cívico-militar”. Entre ellos menciona el atentado a la sede neuquina del diario Río Negro, ocurrido en marzo de 1975, durante la madrugada, cuando un grupo de individuos balacearon a la redacción desde un automóvil.